–En un mes se cumplen un año de la apertura de esta causa, ¿qué evaluación das a la investigación?
–La familia no tiene información concreta sobre indicios o datos de la investigación en sí y menos sobre algún avance sustancial en la carpeta abierta para investigar a los instigadores o autores morales del asesinato. La sociedad y los medios de prensa son testigos de los esfuerzos que hace la víctima para obtener información sobre cuál o cuáles son los avances y hasta el momento las respuestas se parecen más a pretextos y hasta discusiones estériles sobre cuestiones procesales, pero la sensación que se tiene es que se hicieron pedidos formales de informes y después casi nada, aparte de las respuestas del fiscal general de justificar con respuestas contradictorias y que no hacen más que reflejar la falta de empatía con el padecimiento de la familia. En lo personal, me entristece la indolencia de la institución en la que Marcelo dio su vida por buscar el cumplimiento de la ley.
–¿Hablar de una ruptura de la cooperación con Colombia puede ser un factor para no tener avances?
–Ayer cuestionaba la línea ideológica del Gobierno colombiano; me pregunto: ¿Qué tiene que ver con la investigación que abrió en nuestro país? Las evidencias las tiene que obtener y si precisa algo de Colombia, están los acuerdos de cooperación regional. Ahora, menos de 24 horas de lo afirmado, el fiscal general dice que hay diálogo con su par de Colombia y que van a trabajar en la cooperación. Me parece una historia repetida porque eso mismo se comprometió en la asamblea general de la OEA.
–Un fiscal con un alto reconocimiento es asesinado en Colombia y dos años después, el cerebro del crimen es una incógnita. ¿Qué mensaje deja eso?
–Impotencia y bronca por obstaculizar con artificios maliciosos, y, lo más grave, un mensaje de impunidad, de proyecciones terribles para la Justicia, ya que gente común, al percibir el trato indolente que recibe el caso del fiscal Marcelo Pecci, que lo asesinaron por hacer su trabajo de enfrentar al crimen organizado, van a percibir que la misma suerte correrán los que tratan de emular la valentía que tuvo en vida Marcelo y con ello un mazazo para los mismos fiscales y jueces que por el temor que genera la impunidad, sentirán que no vale la pena luchar por los que juraron desempeñar.
–¿Es un capricho de la Fiscalía no permitirle acceso a la carpeta fiscal? Si es así, ¿por qué? ¿Ocultan algo?
Las contradictorias respuestas que diera el fiscal general denotan terquedad, pero, aparte, una falta de compromiso con la búsqueda de la verdad y ahí las razones pueden ser varias y resaltan hipótesis que llevan, incluso, a generar un clima de conjeturas y el morbo de la gente. ¿Qué es lo que se quiere ocultar?, o, ¿qué es lo que no quiere que se descubra?, o, ¿por qué tanto celo en algo que el mismo fiscal general dice que se encuentra estancado? La lista de especulaciones se dispara.
–¿Es posible presentar una querella adhesiva?
–Al no existir una carpeta fiscal, tampoco sabemos quién es el juez penal que recibió la supuesta comunicación del inicio de una investigación. Al carecer de secuencia de diligencias, de una fuente básica de investigación que sólo puede proporcionar la Fiscalía, su negativa y exigir que se querelle es un contrasentido. ¿Cómo querellar sin saber los hechos sobre los cuales se pueda configurar las exigencias propias para perfilar la sospecha para la querella.
–¿Cómo perciben el trato del Ministerio Público al aplicar la norma procesal?
–Discriminatorio y con desprecio a su propia ley orgánica. Antes del fallecimiento en un allanamiento del diputado Gomes, el argumento era que la víctima no podía intervenir en el proceso penal. Después, al verse en figurillas por la diferencia de trato dispensado a la familia del diputado y a la familia Pecci, ensayó una falsa distinción: las víctimas en el caso del diputado Gómez tienen al hijo imputado y deben ejercer el derecho a su defensa que es diferente en el caso de la familia de Marcelo Pecci.
–¿Por qué la investigación no va por los nombres que se citaron en el juicio en Colombia (Cartes-Tío Rico)?
–No tenemos información oficial de la Fiscalía. De hecho, pedimos que nos brinden las líneas de investigación sobre eventuales sospechas si es que existen, pero nos negaron. Pero, un criterio básico es que si se pide colaboración con la justicia colombiana, la cual es bastante efectiva por los convenios vigentes, se pueden conectar datos, personas y cotejarlos con los casos que tenía a su cargo Pecci. De esa información, verificar quiénes más intervinieron en las investigaciones y que declaren exhaustivamente, al igual que los funcionarios que colaboraron en el despacho de Marcelo, las pericias informáticas y el detalle de las comunicaciones, en fin, una trazabilidad reconstructiva de todo lo que venía haciendo Marcelo. No debemos olvidar que, apenas producido su asesinato, las autoridades en Colombia señalaron que la orden salió de Paraguay. Por tanto, este indicio es lo que nos preocupa y nos interroga: ¿Se hicieron las pesquisas con prontitud o seriedad? ¿Recién en octubre de 2023 empezaron a realizar estos actos? Si no lo pusieron en marcha, ¿por qué? Eso nomás -es irónico, ¿verdad?- lo que quiere saber la familia a través del pedido de acceder a la información.
–¿El caso merece cooperación internacional, como por ejemplo de EEUU?
–No solo de Estados Unidos, de toda la región y si más aún si hay sofisticación, conclusión precisa y evidencia concreta. El crimen es de alcance transnacional, no solo por la repercusión mundial, sino por los grupos criminales transnacionales que estaba investigando Marcelo. La decisión está en manos de la Fiscalía.
–Siendo un caso también emblemático, la víctima en la imputación contra el ex presidente Mario Abdo, ¿recibió esta negativa?
–Y a las pruebas me remito, que hablan por sí mismas. En el que señalás como ejemplo, la supuesta víctima, también un ex presidente, intervino y obtuvo copia de la carpeta. Lo hace a través de un abogado que ni siquiera patrocinó su denuncia. Mientras que a las víctimas en el caso de Pecci se les negó intervención y acceso a actuaciones. Sumado al caso que investiga la muerte del diputado Gomes ratifica la odiosa discriminación: Si la víctima tiene el menú completo del poder para disponer de todo lo que pide, pero tratándose de un ciudadano común se usan pretextos y argumentos falaces para olímpicamente ignorarla.
