La respuesta con armas de alto calibre de los secuaces del hijo de El Chapo obligó a las fuerzas de seguridad a liberarlo para evitar un baño de sangre en la ciudad de Culiacán, en el noroccidental estado de Sinaloa, que estuvo tomada durante horas por los narcotraficantes.
“Más que en ridículo, (el Gobierno) queda en una evidente situación de debilidad por su notable improvisación”, dijo este sábado el especialista en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Javier Oliva.
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La relación entre lo ocurrido el jueves y las dos fugas de sendas prisiones mexicanas de alta seguridad de El Chapo reflejan la continuidad de fallas y corrupción durante décadas en las fuerzas de seguridad, sin importar el gobernante.
Errores que ahora continúan bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a su promesa de transformar la nación.
“No hay falta de Estado ni ausencia del Gobierno federal”, aseguró, no obstante, este viernes el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, en una incómoda rueda de prensa del Gabinete de Seguridad tras el “fallido” operativo.
Las fugas de película de El Chapo
El Gobierno mexicano se marcó un tanto con el arresto y posterior extradición a Estados Unidos de Joaquín Guzmán, quien hoy cumple cadena perpetua en un penal de máxima seguridad de ese país.
No obstante, durante lustros fue la prueba de las fallas en seguridad del país. Y sobre todo de la relación existente entre el narcotráfico y unas autoridades fácilmente sobornables.
El Chapo fundó el Cártel de Sinaloa y en 1991 fue detenido, pero sobornó al jefe de Policía de Ciudad de México con USD 100.000 para escapar.
Arrestado en 1993 en Guatemala y extraditado a México, fue procesado por narcotráfico y encarcelado.
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Pero en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, en el occidental estado de Jalisco, protagonizó su primera gran fuga en el 2001.
Tan de película como cómica, pues se fugó escondido en un carrito de lavandería con la ayuda de una decena de funcionarios corruptos, según la versión más extendida.
Desde entonces se convirtió en uno de los principales fugitivos de la Justicia de México y Estados Unidos, hasta que en 2014 fue capturado en la ciudad de Mazatlán, en su natal Sinaloa.
Apenas año y medio después, logró su segunda y más espectacular fuga. Gracias a varios secuaces y con la supuesta ayuda de funcionarios de prisiones, huyó por un túnel de 1.500 metros desde una casa cercana hasta la ducha de su celda.
Fue detenido seis meses después, aunque la confianza de la ciudadanía hacia el Gobierno mexicano, entonces encabezado por Enrique Peña Nieto (2012-2018), quedó severamente dañada.
La historia se repite
Aunque sin tanto poder ni proyección, algunos de los hijos de El Chapo también han logrado evadir la Justicia en varias ocasiones.
Ovidio era uno de los hermanos de más bajo perfil, pero aún así logró que sus secuaces protagonizaran este jueves un pulso de fuerza contra una treintena de agentes de seguridad del que terminaron vencedores.
Pese a estar rodeado por un operativo de 30 agentes se desató tal caos en Culiacán que para preservar “vidas” -en palabras del mismísimo presidente- se decidió dejarlo en libertad.
El error de cálculo de las fuerzas de seguridad, tildado de “precipitado” por el titular del Ejército, Luis Cresencio Sandoval, expuso una aparente falta de profesionalidad o disciplina.
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Otro hijo de El Chapo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, es considerado por el FBI como uno de los criminales más buscados. En 2012, las autoridades anunciaron su arresto y que le habían hallado armas, dinero e identificaciones falsas.
Pronto se descubrió, ante el escarnio general, que hubo una confusión y el apresado no era hijo del líder del Cártel de Sinaloa.
Iván Archivaldo Guzmán, uno de los cabecillas del cártel, estuvo detenido en el 2005 por el delito de lavado de dinero y tres años después fue dejado en libertad cuando un juez desestimó las acusaciones.
En medio, un gran vacío informativo
El suceso en Culiacán pone además en duda la estrategia de comunicación del Gobierno de México.
Durante horas, y mientras en la red se propagaban rumores y abundaban estremecedores videos de los ataques, la Administración federal -y también la estatal y la municipal- guardó silencio.
“Debe haber una reforma estructural en la comunicación, es importante cuidar el tipo de mensajes. (...). La desinformación o ausencia de información maximiza la distorsión y la manipulación política”, dijo a Efe Pedro Isnardo De la Cruz, especialista en seguridad de la UNAM.
No fue hasta unas cinco horas después que se lanzó un corto mensaje de video de Durazo junto con altos mandos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.
En lugar de calmar las aguas, no hizo más que sembrar dudas.
Si bien decía que se había localizado a Ovidio Guzmán -dando a entender que lo capturaron- posteriormente hablaba de una “suspensión de acciones”.
Esta ambigüedad tuvo un efecto negativo. Y el enfado y la incomprensión se hicieron sentir en las redes y en los medios.
Un día después se aclaró lo ocurrido con una versión oficial que reconoció que hubo 8 muertos, 16 heridos y 49 reos fugados de una prisión local que aprovecharon el caos de la ciudad para provocar un motín y huir.
