El concejal Grau anunció que presentará este lunes el pedido de intervención de la Municipalidad de Asunción

El concejal Álvaro Grau, del Partido Patria Querida (PPQ), informó en la noche de este domingo en el programa Políticamente Yncorrecto, emitido por Telefuturo, que está terminando el escrito de intervención de la Municipalidad de Asunción y que este lunes lo socializará con sus colegas.

El escrito será presentado tras la imputación del intendente Óscar Nenecho Rodríguez y otras 21 personas, entre funcionarios y representantes de proveedoras por supuesta lesión de confianza y asociación criminal, en el caso “detergentes de oro”.

“Juntamos las 13 firmas y lo presento. Presentar sin las 13 firmas me parece que se va a prestar a que después esto se arregle por aquí o por allá. Necesitamos 13 votos para aprobar (la intervención). Le dejo el compromiso al colega (Ceres Escobar, presidente de la Junta Municipal) para que firmemos”, expresó.

Lamentó que tres años después de la denuncia recién exista una imputación de la Fiscalía.

“(En plena pandemia del 2020) esta gente sacaba provecho de lo que se estaba viviendo, del miedo. De los 21 imputados no solamente hay funcionarios, sino proveedores. La Fiscalía presenta la imputación (por el caso de los “detergentes de oro”) diciendo que el intendente (Nenecho) es la cabeza de asociación criminal. (En ese sentido,) el intendente le dijo (a los proveedores): ‘vamos hacer esto para que ustedes ganen y nosotros también’. Esto es gravísimo. Se tomó tres años (para la imputación desde la pandemia). Este señor no puede seguir un día más sentado. Debería renunciar o irse por medio de una intervención municipal”, expresó Grau.

Además de pedir la renuncia de Nenecho Rodríguez, el concejal cree que la gente está cansada y lo que quiere es librarse de esta situación y que el municipio capitalino empiece a funcionar y salir de la situación financiera en la que se encuentra.

“La gente ya no confía lo que dice el intendente. La Junta Municipal le aprobó todo a Nenecho. No es descabellado pensar de ir a unas elecciones anticipadas, (ya que) si no confían en Nenecho, no confían (tampoco) en la Junta. Que Nenecho se vaya y que se llame a elecciones”, remarcó el edil opositor.

Asimismo, espera que no se demore mucho y que la Fiscalía tenga el avance de la investigación sobre los bonos, que son de G. 500.000 millones.

Apuntó, también, que se necesita otro intendente en la Municipalidad y que Nenecho no puede seguir ahí.

“No hay tiempo para tibieza. Acá tiene que ser: ‘estoy del lado de los buenos o de los que quieren seguir sosteniendo a Nenecho’. Si se lo destituye por la Cámara de Diputados, se llama a elecciones”, enfatizó.

A su parecer, la gente tiene que hacer uso de su voto y que pueda ser un proceso de lo más transparente posible.

“(Es importante) que la Municipalidad pueda tener un proceso, donde la persona que goce de la confianza de la gente pueda administrar la plata”, mencionó.

Presidente de la Junta dice que no firmará la nota

Por su parte, Ceres Escobar (ANR-HC), presidente de la Junta Municipal de Asunción, manifestó que no firmará la nota del pedido de intervención que presentará su colega.

“El escrito (del eventual pedido de intervención de la oposición) voy a trabajar con el equipo técnico. Naturalmente no voy a prestarme a firmar un escrito que no accedo para estudiar ni elaboro con mi equipo técnico”, expresó.

Manifestó que le llevó bastante tiempo al Ministerio Público elaborar la imputación de 70 páginas.

“Nos encontramos ante la falta de credibilidad de un administrador. La credibilidad se materializa en el daño de intereses crediticios. La única herramienta para esclarecer denuncias o supuestos hechos de corrupción es la intervención”, expresó.

Manifestó que se debe esclarecer las denuncias, ya que en caso de ser positivo el dictamen, se va a recuperar la credibilidad y si es negativo, se va a declarar por un debido proceso.

“Invito a los concejales a reflexionar. Es una posición necesaria. Hay dos colegas que me manifestaron que acompañarían, pero suponer que tengamos los números es difícil”, agregó.

Detalló que la renuncia trae “de cola” una campaña política y que al buscar la renuncia para conseguir una elección, ahí se “destapa un interés eleccionario”.

Escobar refirió que la ciudadanía, la Fiscalía y la Junta Municipal necesitan claridad. Si bien, aún se atraviesa una etapa incipiente en la investigación, la única herramienta es la intervención para ver cómo se está administrando el municipio asunceno.

Asimismo, indicó que ir a elecciones es restar credibilidad a la oposición de querer “esclarecer los hechos” y que su partido es el que menos problemas de elección tiene. Apuntó, además, que si se habla de elecciones en el medio de la investigación, se revela la intención de querer poner un nuevo intendente.

“El intendente ya respondió que no va renunciar”, agregó.

Por otro lado, manifestó que los bonos tenían que ser usados en obras de desagües pluviales.

Al ser consultado si confía en el intendente, respondió que “está preocupado” como toda la ciudadanía. A su parecer, cree que se tiene que intervenir la Municipalidad de Asunción.

La imputación

El juez Rodrigo Estigarribia admitió el miércoles pasado la imputación contra el intendente de Asunción Óscar Nenecho Rodríguez y otras 21 personas, entre funcionarios y representantes de proveedoras por supuesta lesión de confianza y asociación criminal, en el caso “detergentes de oro”.

El magistrado citó al jefe comunal el 3 de octubre a las 8:30 para la audiencia de imposición de medidas cautelares.

Para los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción Jorge Luis Arce Rolandi, Silvio Corbeta Dinamarca y Marlene González de Ovelar no hay dudas de que el intendente de la Municipalidad de Asunción es la cabeza de la estructura que simuló compras de detergentes y desinfectantes utilizando fondos de emergencia en el marco del Covid-19.

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El daño patrimonial asciende a casi G. 2.000 millones entre las cuatro empresas que participaron de las adjudicaciones.

Junto con Rodríguez, otros 10 funcionarios forman parte de la investigación, incluyendo a los directores Wilfrido Adrián Cáceres López, de Administración y Finanzas; Nidia Rosa López de González, de la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastre Municipal; y Édgar Fabián Estigarribia Gavilán, quien había asumido en reemplazo de López cuando se encontraba con reposo médico y, al mismo tiempo, ejercía sus funciones como titular de la Dirección Administrativa de la misma dependencia.

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Fuera de la Comuna están procesados David Fernández, Agustín Fernández Estigarribia y Miguel Ángel Lisboa, como representantes de DFR; Juan Rodríguez y Jorge Argüello, pertenecientes a COVA, y María Digna Méndez, de M&F.

Asimismo, está el clan familiar que opera con Bastian Comercial. Sus integrantes son María Victoria Cano Rodríguez, Pedro Ramón Cano Torres, Antonio Cano Villagra y Benicio Antonio Cano Martínez.