Desde la concepción tradicional de la política criolla, seguramente, muchos destacan que el actual presidente de la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), Denis Lichi Ayala, es alguien que no se olvida de sus correligionarios, compueblanos y colaboradores de su equipo político en su ciudad natal.
Como caudillo del Partido Colorado surgido en su ciudad natal, Arroyos y Esteros, en el Departamento de Cordillera, comunidad de la cual fue intendente municipal en el periodo 2001-2006, Lichi no se ha olvidado de los suyos.
Por el contrario, tanto desde que ejerció como ministro de Agricultura del gobierno de Mario Abdo Benítez desde agosto de 2018 y luego como titular de Petropar, desde abril de 2020, se ha esforzado por ubicar a varios dirigentes de base de su antigua seccional colorada, como nuevos funcionarios estatales, con elevadas remuneraciones, tal como lo ha revelado un reportaje investigativo que este diario publicó en su edición de ayer, al cual viene dando continuidad periodística.
Según el reporte, a contramano del discurso gubernamental que pregona austeridad en el marco de la crisis del Covid-19, Lichi ha acomodado a varios de sus seguidores y miembros leales de su equipo político en Petropar, convirtiendo al ente estatal prácticamente en una sucursal de la seccional colorada N° 109, Juan B. Domínguez, con asiento en Arroyos y Esteros.
Entre los muchos casos de dirigentes seccionaleros, el informe menciona a Pedro Fretes Farías, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), trasladado a Petropar como “asesor”. Su salario en el MAG es de G. 6.500.000, y en Petropar percibe G. 16.000.000, con ingresos mensuales que totalizan G. 22.500.000.
También refiere el caso de César Morínigo Cristaldo, comisionado del Senave como “asesor” en Petropar, con un salario de G. 13.000.000, al que en Petropar suma G. 6.900.000 como “otros gastos del personal”, percibiendo cerca de G. 20.000.000 mensuales.
Otro comisionado, también de la seccional 109, es Roberto Argaña Benítez, también “asesor” de Lichi, con ingresos de más de G. 14.000.000 al mes. Igualmente, Juan Orué Romero, que alcanza a cobrar en el mes G. 12.880.000; Irma Cáceres González, “administrativa” en Petropar, comisionada del Ministerio de Salud, que percibe al mes cerca de G. 11.000.000; María Paniagua Aguilera, comisionada del Senave, que percibe en total cerca de G. 9.310.000 al mes; Fátima Ruiz Caballero, comisionada del Ministerio de Desarrollo Social, que percibe cerca de G. 5.300.000, entre varios otros casos que se pusieron de resalto.
Este diario presentó una lista de 12 casos, entre comisionados de otras instituciones y empleados de Petropar, todos ellos también registrados como miembros de la seccional 109 de Arroyos y Esteros. Lo llamativo es que Lichi evitó en su momento hacer aclaraciones sobre la denuncia que se iba a publicar.
Es un caso que requiere de la urgente intervención de los organismos de control, a fin de dilucidar la manera en que se han dado los cuestionados nombramientos, que lesionan la ética y los principios de la función pública.