La actual extrema desigualdad en la tenencia de tierra en Paraguay no es producto de las fuerzas del mercado ni de la eficiencia económica. Este factor de producción ha sido el medio por el cual históricamente los sectores con poder económico y político han intercambiado favores, beneficios y privilegios.
Desde siglos atrás se han repartido las tierras públicas e, incluso, las que ya tienen propietarios, de manera prebendaria, ilegal e ilegítima. Esta distribución, por supuesto, no ha sido para beneficiar a la ciudadanía, sino a una cada vez más reducida proporción de personas y empresas ligadas al poder económico y político.
La concentración de la tierra se da de la mano de la concentración de poder político, razón por la cual los tres poderes del Estado protegen desde el pasado esta situación. Las normas se hacen en beneficio de pocos, el Poder Ejecutivo implementa políticas para ellos y el sistema judicial no resuelve los conflictos ni mucho menos penaliza a los detentores ilegales, sino al contrario, gestiona a su favor contribuyendo a polarizar más.
Las estadísticas son claras cuando muestran los altos niveles de acaparamiento. Son tan altos que han llamado la atención de la comunidad internacional, tanto de organismos financieros, multilaterales y universidades. Cada cual desde su ámbito han producido documentos que visibilizan la problemática con rigurosa evidencia empírica.
A nivel nacional siempre ha sido un ámbito de demandas y de debate y en los últimos años se ha intensificado debido a que el problema es acuciante, pues ya no solo tiene consecuencias en la población campesina. Los Pueblos Indígenas están sufriendo un acoso permanente sobre sus tierras ancestrales. Las instancias públicas que deben protegerles, al igual que a los pequeños campesinos, se ponen en contra de ellos a pesar de la normativa nacional e internacional que los ampara.
Es imposible continuar con esta situación. La tierra es un medio de vida de una amplia proporción de la población y provee alimentos sanos para todos. La tierra no solo en un factor productivo, es un medio imprescindible para el ejercicio del derecho a una vida digna y garantizar el mantenimiento y la transmisión de valores.
El Estado debe garantizar el acceso a la tierra de quienes quieran trabajarla y para eso hasta organismos como el Banco Mundial han dado recomendaciones que permitirían que bajo las reglas del mercado disminuya el acaparamiento. Nadie en su sano juicio podría alegar que esta institución es de izquierda, tiene funcionarios zurdos o fomenta el comunismo.
La desigualdad de cualquier tipo constituye un obstáculo no solo para la calidad de vida, sino también para un crecimiento sostenible en el largo plazo. En la actualidad, no hay evidencia empírica rigurosa que señale que niveles de desigualdad tan altos como los de Paraguay tengan algún mínimo beneficio económico. Al contrario, todos los estudios muestran las diferentes vías por las cuales las desigualdades obstruyen las oportunidades de los países y sus ciudadanos de avanzar hacia mejores condiciones de vida.
