La percepción ciudadana sobre el contrabando es una de las señales de alerta más importantes que nos da la ciudadanía sobre la debilidad de la construcción de nuestro Estado-Nación y, particularmente, sobre el nivel de cohesión social. El contrabando no es solo un problema económico que afecta a las empresas y al Fisco. Su aceptación es el reflejo de la existencia de sectores privilegiados, pero también de una mayoría desprovista de derechos elementales y que debe recurrir a la ilegalidad para suplir la falta de políticas públicas.
Una encuesta publicada recientemente encontró que solo el 32% de los paraguayos considera que el contrabando no les afecta, mientras que en el otro extremo, una cifra casi similar de personas –31%– considera que le beneficia.
Este hallazgo no debería llamarnos la atención, en un país donde la mayor parte de los derechos no están garantizados y la ciudadanía debe valerse sola para enfrentar problemas y necesidades.
Al mismo tiempo, tampoco debemos desmeritar el rol fundamental que cumple la impunidad que solamente beneficia a los grandes contrabandistas.
Resulta oportuno mencionar que, recientemente, en la Cámara de Diputados fue aprobado un proyecto que obliga a entonar el Himno Nacional paraguayo al menos una vez a la semana con el uniforme de gala, en todas las escuelas y colegios, públicos y privados. Esto tiene el objetivo de “recuperar la identidad patriótica” y “generar conciencia de la grandeza de nuestra nación”, y fue presentado por el legislador Yamil Esgaib (ANR-HC).
Sobre esto debemos ser categóricos: La construcción de la identidad nacional y la grandeza de la nación se logran cuando el Estado garantiza los derechos establecidos en la Constitución y la población se siente protegida en su país. El análisis de las estadísticas oficiales muestra el enorme déficit de bienestar existente en el país y la brecha que separa al ciudadano común de un sector minoritario que cuenta con todas sus necesidades satisfechas gracias a los privilegios con el Estado.
Una parte importante de la población necesita cruzar las fronteras para acceder a salud y educación o migrar en condiciones vulnerables para trabajar y enviar remesas. Este grupo ni siquiera tiene la oportunidad de cantar el Himno.
El grupo mayoritario que se queda necesita cruzar las fronteras cuando los alimentos, medicinas o combustibles tienen precios más bajos del otro lado. Y esto es así porque en Paraguay el sistema de salud no le garantiza medicamentos e insumos, la falta de políticas agropecuarias contribuyen a la inflación de alimentos y el deficiente sistema de transporte público obliga a tener vehículos propios.
A estos problemas se agregan los elevados niveles de precariedad económica en los que se mueve casi el 90% de la población ocupada que no cuenta con mecanismos de protección social e ingresos laborales estables. Es más, el salario mínimo ni siquiera permite a una familia de cuatro miembros dejar la pobreza.
El sistema político y su acción en el Gobierno no se traduce en respuestas de reciprocidad y solidaridad entre el sector público y los ciudadanos. El sistema judicial tampoco muestra buenos resultados castigando a los grandes beneficiados por el contrabando. Por lo tanto, hay una ruptura entre los lazos que debieran vincular a la ciudadanía con el aparato estatal que en conjunto conforman el Estado y que se espera estén unidos por una identidad común.
El contrabando es un problema con consecuencias negativas en todos los ámbitos. Es un flagelo que impide la generación de empleos, reduce las recaudaciones tributarias, contribuye al conflicto, al abuso de poder y a la corrupción en los sistemas de seguridad y defensa.
Sin embargo, pedirle a la sociedad que no sea indiferente o rechace la misma a costa de su ya precaria vida sin generar cambios en los sectores que detentan el poder económico y político no solo no va a tener éxito, sino que posiblemente lleve a una mayor conflictividad y malestar social.
En la construcción de un Estado cohesionado, el compromiso debe ser recíproco.
