Las cifras hablan por sí solas. Según el cónsul adjunto paraguayo en Foz de Yguazú, Iván Airaldi, cada mes entre 20 y 25 paraguayos son detenidos en estas circunstancias. Detrás de la estadística fría hay historias humanas marcadas por la desesperanza y la manipulación de redes criminales que saben exactamente a quién reclutar.
El perfil de los detenidos es casi siempre el mismo: Jóvenes de escasos recursos, sin antecedentes penales, sin conexiones con los altos mandos del narcotráfico y con una motivación económica apremiante. “Todos son primerizos en este delito. No conocen los nombres de quienes los contratan ni los detalles del esquema. Solo les prometen dinero a cambio de llevar un paquete”, explica Airaldi.
Las organizaciones delictivas operan con una precisión quirúrgica. Captan a sus víctimas en barrios humildes, aprovechándose de su vulnerabilidad. “Les dicen que podrán ayudar a su familia, que podrán comprarse una casa o un auto, que su hijo tendrá un mejor futuro. Les pintan un escenario que, para alguien en situación de pobreza extrema, es difícil de rechazar”, señala.
La oferta económica no es millonaria, pero para los reclutados representa una suma considerable. “Les pagan entre mil y mil quinientos dólares si logran completar el viaje. Es dinero que les permitirá vivir un par de meses, pero no les cambia la vida. El problema es que, una vez que entran en ese mundo, pueden volver a intentarlo y terminar con condenas largas en Brasil”, advierte Airaldi.
ESQUEMA. Cuando son detenidos, estos jóvenes no pueden proporcionar información valiosa a las autoridades porque, simplemente, no la tienen. Sus contactos en la red criminal son nombres falsos y números de teléfono registrados con documentos robados. “El esquema está diseñado para que el rastro se pierda. Usan líneas telefónicas a nombre de personas que denunciaron la pérdida de sus documentos. Una vez que el ‘correo humano’ cae preso, la conexión se corta por completo”, describe el cónsul.
Para los paraguayos detenidos en Brasil, la asistencia del Consulado es mínima debido a las limitaciones de infraestructura y recursos. “Lo único que podemos hacer es garantizar que sus derechos sean respetados en el momento de la detención y notificar a sus familiares. No tenemos abogados matriculados en la OAB (Orden de Abogados de Brasil) para defenderlos en los juicios, así que todo queda en manos de la Defensoría Pública brasileña”, admite Airaldi.
La falta de apoyo legal agrava aún más la situación de los detenidos, quienes muchas veces no entienden el idioma y no tienen forma de costearse un abogado particular. Las familias, en su mayoría de escasos recursos, viajan como pueden hasta Foz de Yguazú en busca de respuestas, enfrentándose a la barrera del idioma y la burocracia judicial.
DEL INTERIOR. “Vienen madres y hermanas con lo poco que tienen, haciendo un esfuerzo enorme para llegar hasta aquí. La mayoría son del interior del Paraguay, no hablan portugués y no saben cómo moverse en el sistema judicial brasileño. Es un drama social en el que las víctimas terminan siendo quienes menos opciones tienen”, lamenta el cónsul.
A pesar de las constantes detenciones, el flujo de droga en la frontera sigue activo. Airaldi tiene su propia teoría al respecto. “No todos los cargamentos son interceptados. Es un 10 a 1, o un 8 a 10. Hay quienes logran pasar y otros que no. No es aleatorio, es un sistema bien organizado”.
El narcotráfico no apuesta a perder. Cada kilo de droga incautada representa una pérdida para las organizaciones criminales, pero el negocio sigue siendo rentable. “Si siguen cayendo todos los días es porque el esquema funciona de esa manera. Hay un grupo que pasa y otro que no. Es parte del mecanismo”, sostiene Airaldi.
Mientras tanto, el eslabón más débil de la cadena –los jóvenes reclutados– son los únicos que pagan el precio. Muchos reciben condenas de entre 5 y 15 años en cárceles brasileñas, lejos de sus familias y con pocas posibilidades de reinserción.
El problema trasciende la seguridad fronteriza y se convierte en un desafío social y económico. “Mientras haya pobreza, seguirá habiendo jóvenes dispuestos a correr el riesgo. Estas redes criminales están mejor organizadas que cualquier gobierno y saben exactamente a quién dirigirse”, afirma Airaldi.
