Y no, no es una reforma que busca mejorar todo el Código del Trabajo, es una metida de pata del presidente con una promesa de eliminar lo que después entendimos se trataba de la judicialización de los despidos a partir de los 10 años de antigüedad.
Quedó aclarado que la estabilidad laboral en sí no se puede suprimir porque está contemplada en la Constitución Nacional, pero quedó más claro el rol adulador del mandatario, el mismo que se cuelga de los éxitos de artistas y deportistas para dar una imagen “más positiva” cuando en realidad le es imposible desapegarse de una narcopolítica que supura a cada minuto.
Aunque no se puede eliminar la estabilidad laboral, sí se puede modificar los artículos del Código del Trabajo que hablan sobre este derecho y es a lo que apunta el Gobierno, pero lo anunció sin haber socializado la iniciativa ni mucho menos haber buscado un consenso con el sector más afectado, habiendo una mesa de diálogo instalada con centrales obreras y que ahora se desactivó.
Peña recurrió al prejuicio de que los trabajadores, pasados los 10 años de antigüedad, buscan ser despedidos para llevarse un botín de la empresa, la gran perjudicada en las relaciones laborales, según el parecer de nuestro presidente.
Expertos se remontan a la Declaración de Filadelfia, que cumple 80 años, para refutar este discurso, partiendo desde la base de que “el Trabajo no es una mercancía” y por tanto los trabajadores y trabajadoras no son simples objetos a merced de unos propietarios.
En este punto se atiende la dignidad humana y a los trabajadores como sujetos de derechos, muy a pesar de un gran sector de empleadores.
Es uno de los cuatro principios fundadoras de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene 187 Estados miembros, incluyendo Paraguay.
Momento de improvisar. A la metida de pata de Santiago Peña siguieron las improvisaciones para justificar sus declaraciones. Allí apareció la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, que como técnica intentaba dar una explicación razonable y de paso eliminó el argumento de la creación de los 500.000 empleos.
Trató de volcar como ventajas para los trabajadores y trabajadoras la supresión de la judicialización de los despidos, luego habló de una mayor indemnización y hasta de los días de descanso y así fue construyendo su discurso a cada minuto para sostener de un hilo el disparate de Peña.
De acuerdo con la estadística que presentó días después, solo el 26% de los trabajadores tiene 10 años de antigüedad o más. En ese sentido Recalde reconoció el problema que existe actualmente cuando las empresas despiden masivamente a los empleados con 9 años de antigüedad para evitar que lleguen al estadio de inamovilidad.
Pero en vez de presionar las tuercas que están fallando, el Ejecutivo opera para blanquear estas prácticas.
El costo de una propuesta como esta es alto porque las centrales obreras abandonaron la mesa de diálogo con el Gobierno, donde la modificación de la estabilidad laboral no estaba entre los proyectos legislativos que discutían ambos sectores, aunque efectivamente es un pedido de larga data del empresariado.
La iniciativa del Ejecutivo solo agudizaría la precarización laboral, con una mayor rotación del empleo juvenil y la expulsión de los trabajadores de más de 40 años que ya no consiguen insertarse a un mercado laboral formal.
Santiago Peña tuvo que admitir que en realidad no existe un proyecto de ley y quedó como un mal adulador, pero la amenaza de una regresión de derechos ya está instalada.
