Hace dos meses, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, entrevistado por el canal Telefuturo y Radio Monumental, afirmaba que tenían “casi cerrada en su integridad la teoría del caso”. De hecho que en Colombia ya han condenado a seis personas por poner en marcha el asesinato, y quedan todavía por ser juzgadas otras tres.
El fiscal colombiano destacaba el trabajo de los investigadores y señalaba que fue una investigación inédita para Colombia, con más de 3.000 tareas investigativas que llevaron a dar con los responsables del crimen.
En cuanto a la persona que dio la orden de acabar con la vida de Pecci, Barbosa aseguró que no tienen esa línea de investigación y que están aguardando que la Fiscalía paraguaya brinde más elementos para poder seguir avanzando y cerrar el caso.
En nuestro país, el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, considera que los resultados no pueden ser tan inmediatos como la sociedad espera; mientras que la fiscala Alicia Sapriza, delegada de la Unidad contra el Crimen Organizado en nuestro país, explica que la parte más inmediata está prácticamente cerrada, con los ya detenidos y condenados, pero que lo más importante y lo que más interesa es la autoría intelectual. “Ahora nuestra participación va a ser mucho más activa. Tenemos esperanzas de que uno de los detenidos pueda cooperar y aportar datos, pero todo con base en las leyes de Colombia, porque son ellos quienes marcan la línea”, dice la funcionaria.
Un hecho que parece haber quedado en el olvido y que no puede ser ignorado es la denuncia que hizo el senador Ramón Retamozo sobre el hecho de que la Fiscalía no abrió en principio una carpeta por el crimen del agente del Ministerio Público, lo cual fue desmentido por la Fiscalía. No obstante, se desconoce cómo prosiguió la investigación de algunas diligencias como el allanamiento realizado en tres celdas de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional para buscar pistas sobre los potenciales autores morales del crimen.
En este procedimiento se habían requisado celulares del brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, del narco colombiano Marcelo Díaz Vélez y del pedrojuanino Waldemar Pereira, alias Cachorrão. Meses después de esto, el senador Pedro Arturo Santacruz hizo público un contrato privado de 368.000 dólares entre Amílcar Fretes, hijo del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, y un familiar de Hijazi para evitar su extradición a los Estados Unidos. Nada más se supo sobre estas situaciones.
Lo que queda claro después de un año es que el caso, pese a los detenidos y condenados en Colombia, sigue cubierto por el manto de la impunidad. Hasta ahora no hay nombres concretos de quién o quiénes podrían haber estado detrás del crimen, y se acumulan las críticas y los cuestionamientos por la gestión de la Fiscalía general de nuestro país. Es el caso del criminólogo Juan Martens, quien afirma no estar sorprendido por la falta de avances. “Tenemos un Ministerio Público que está muy al servicio de mantener la impunidad de los grandes casos y de concentrarse en pequeños casos. Ni siquiera los celulares auditaron. Ni hace falta que tengamos información del contenido, porque no nos corresponde, pero sí tenemos que saber del proceso”.
El crimen impune de un fiscal que trabajaba contra el crimen organizado y el narcotráfico representa un fracaso que pone en entredicho al sistema en sí, y es un fracaso del mismo estado de derecho. Porque hasta que no se sepa quién dio la orden para el asesinato, no habrá justicia para Marcelo Pecci.