–Bueno, les ha tocado estar en nuestro país justo en un momento delicado, como es la muerte de un diputado (Lalo Gomes) a manos de la Policía por supuestos vínculos narcos. ¿Cómo ve este fenómeno a nivel general en la región, luego de antecedentes de países como Colombia, México y otras democracias afectadas por el crimen organizado?
–En efecto, he visto las noticias que han salido sobre este lamentable hecho ocurrido en Paraguay y que involucra la muerte de un diputado. No conozco los detalles, pero sí debo decir que, al igual que está sucediendo en otros países de la región, con diferentes intensidades, la presencia del crimen organizado en la sociedad en general y en el sistema político se ha convertido en uno de los más graves desafíos que enfrenta la democracia en América Latina.
–¿En qué aspectos?
–Por múltiples lados. Primero, porque hay evidencia en muchos países de que el crimen organizado está imbricado en los partidos políticos y en las campañas políticas, pero además, porque la violencia ligada al crimen organizado está generando una gran tentación, que nunca está lejos de la superficie, de resolver los problemas de seguridad, echando mano a soluciones más bien autoritarias, como lo estamos viendo en El Salvador de manera muy clara. Son métodos que pueden ser paliativos en el corto plazo pero, sin duda, generan daños severos al Estado de derecho y principios cardinales del sistema democrático.
–¿Cómo cambiar eso?
–Yo creo que hay una demanda muy grande en América Latina por soluciones autoritarias a los problemas de seguridad y este es un desafío que hay que tomarlo con mucha seriedad. Me parece que uno de los retos más importantes es que las fuerzas comprometidas con la democracia en América Latina sean capaces de generar soluciones efectivas a los desafíos reales en seguridad que tiene la región, porque si no, lo que va a seguir pasando es que van a perder la discusión por goleada con los Bukele de este mundo, o la estamos perdiendo por goleada, francamente. Entonces, generar soluciones al problema de seguridad que sean compatibles con el Estado de derecho y los principios democráticos, y que sean efectivas, es realmente una tarea de la mayor urgencia si nos preocupa la suerte de la democracia en América Latina.
–¿Cómo se puede avanzar de manera más seria en los procesos de control al financiamiento político y cuáles cree han sido las experiencias más positivas en este sentido?
–Este es un tema central al desempeño de los sistemas democráticos, y a la salud del sistema político, que ningún país ha logrado resolver a cabalidad, francamente. A lo largo de los años, se ha ido introduciendo legislación para controlar el ingreso y egreso de dinero en las campañas, y eso incluye a Paraguay, con reiterados intentos de regular el financiamiento político, y yo mismo he venido como consultor. Me acuerdo que vine hace unos cinco o seis años para ser parte de discusiones.
–¿Cuál es el problema?
–El gran problema es que la legislación que se ha ido introduciendo, los controles que han ido emergiendo de esa discusión, no se aplican bien en la práctica. En la mayoría de los casos, las autoridades electorales a las que se les atribuye la tarea de hacer valer y aplicar esa legislación tienen muy pocas capacidades para hacerlo. Entonces, la legislación se convierte en papel mojado, y eso les hace mucho daño a los sistemas políticos. Yo creo que en este momento la tarea principal en Paraguay, así como en otros países, es asegurarse de que la legislación es aplicada de manera eficaz, que esté dotada de sanciones cuando hay violaciones, y que se genere en la práctica la posibilidad de transparentar el financiamiento a las campañas, que se pueda saber el origen de los recursos.
–¿Cuál es el peligro para las democracias de los países de la región con el avance del crimen organizado en los territorios a partir de la violencia y también los sistemas electorales donde permean?
–Yo diría que el peligro es que las instituciones políticas terminen en manos de organizaciones criminales y sean utilizadas para favorecer la continuidad y expansión de esa actividad criminal, antes que para favorecer los intereses colectivos, que se suponen deben hacer las instituciones políticas. Pero, además, hay un peligro real de que la soberanía de los Estados sea contestada en la práctica por la presencia de organizaciones criminales que adquieren control sobre el territorio, en partes enteras de los países, y eso puede ser en zonas rurales alejadas o puede ser en zonas urbanas.
–¿Cómo se entiende una soberanía contestada?
–Como en situaciones que se dan en América Latina con barrios tomados por el crimen organizado, donde la Policía no entra, los servicios públicos incluso son proveídos por las organizaciones criminales, lo que en el fondo tiene es una soberanía contestada, donde ya el control territorial ha dejado de estar en manos del Estado.
–¿Cómo se aborda esto?
–Quizá lo más complejo de todo esto es que uno no puede ver al crimen organizado como un fenómeno externo que se adhiere a los sistemas políticos o estructuras sociales, como un tumor que hay que extirpar, pero ahora la metáfora es que el crimen organizado se convierte en un fenómeno que se mezcla con las estructuras sociales y los sistemas políticos, y esa es una especie de infección generalizada que llega a un punto que no se puede eliminar. Este es el reto más complejo en nuestra región, que el crimen organizado ya está muy instalado y mezclado en nuestras estructuras sociales, se han convertido en un factor que está presente en la vida social en todas partes, entonces ya es de muy difícil enfrentar.
–¿Qué piensa del rol de las organizaciones de la sociedad civil y las políticas autoritarias de censura?
–Son un componente extraordinariamente importante de la vida democrática, porque son uno de los mecanismos de control del poder y rendición de cuentas que definen a un sistema democrático... Hay una razón por la cual todos los experimentos autoritarios, todos los intentos de socavar los sistemas democráticos que estamos viendo en varios lugares, lo primero que hacen es restringir el espacio cívico con legislaciones que obligan a dar cuentas por financiamiento del extranjero y otros controles para hacer difícil o imposible su capacidad de operar.
