Susana Oviedo
soviedo@uhora.com.py
Santiago Garre Pelegrina está sorprendido respecto de los índices del crimen organizado en el Paraguay, el enfoque pobre y desactualizado de las políticas de Estado contra este flagelo en toda la región. En esta entrevista, obtenida al margen de su participación en el seminario internacional “Mecanismo de control ciudadano en Paraguay y en Colombia para combatir la influencia del crimen organizado en elecciones”, que tuvo lugar el miércoles último en Asunción, Última Hora conversó con el politólogo, investigador, abogado y asesor en temas de seguridad sobre diversos temas vinculados a ese ámbito.
—El asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en Colombia, fue muy ilustrativo de cómo opera el crimen organizado trasnacional. ¿Cuán lejos se encuentran las políticas de Estado de un combate efectivo de este flagelo?
—Sí, el ejemplo es uno claro y que utilizo cuando dicto clase con la Policía Nacional en Colombia, porque es la prueba fehaciente de que la política pública está radicalmente distante de cómo opera, de la capacidad de innovación criminal y de la rapidez que tiene el crimen organizado trasnacional. Pero eso que uno pensaría que es un problema de nuestros países, y me incluyo ya como ciudadano de la América Latina, es un problema global. Llevo 12 años investigando y tratando de renovar la aproximación a la problemática en términos de análisis. Hace 30 años, cuando yo no tenía edad para estar investigando nada, la excusa era que no había datos. De ese tiempo hasta hoy, datos son los que hay. Abundante.
—Y de ser así, ¿cuál es el problema con los datos?
—Pues la data que tenemos hoy está infraexplotada y está diseñada como para confundir. Y ahí pasamos al siguiente tema: en todos los Estados democráticos existe un ministerio encargado de los asuntos de seguridad y convivencia ciudadana. En Europa o en Estados Unidos, es mucho más clara la diferencia entre seguridad nacional y seguridad y convivencia ciudadana que en los países de América Latina, ya que estos problemas, como el crimen organizado, no comprometen la seguridad nacional, que es lo que nos está pasando en este continente, donde estamos viendo cómo una organización criminal tiene el mismo poder o más que el Estado, en términos de disputa de algunos territorios.
—¿El enfoque está mal?
—Claro, eso ya no es una amenaza a la seguridad y conveniencia ciudadana, es una amenaza a la seguridad nacional. Y adicionalmente, a este tema, la persona encargada de bajar línea sobre qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, cuándo o por cuánto, o sea, con qué presupuesto es el que se ocupa de la seguridad y convivencia ciudadana. No sé cómo es la estructura gubernamental en Paraguay, pero en Colombia es quien está al frente del Ministerio de la Defensa.
—O sea, ¿se parte de una visión acotada de la situación?
—Sí, las políticas públicas no tienen esa claridad a la que si le sumas esa infraexplotación de los datos, por la que no nos damos análisis certeros, entonces estamos a merced del que no necesita hacer eso, porque no tiene que pensar tanto. Hacer valer el contrato democrático es extremadamente costoso en términos de tiempo y de recursos. Hacer valer el contrato criminal es muy sencillo, es tener el armamento suficiente para hacerlo cumplir y punto, y la fuerza suficiente para hacerlo cumplir. Entonces, en esas disyuntivas nos encontramos.
—¿Qué me dice de los recursos que se necesitan por parte del Estado?
—Eso es clave. Por ejemplo, un país tremendamente militarizado como es Colombia, donde se invierte muchísimo dinero en las cuestiones de seguridad, aun así, no acierta. Siento que es precisamente que cuando pasamos de la corrupción a la captura y cooptación del Estado.
Cuando es que existen estructuras criminales suficientemente fuertes no solo para capturar, sino de cooptar, o sea, alinear intereses. Y ese es el gran problema que tenemos en Colombia en muchos aspectos o en muchas regiones del país y veo con mucha preocupación lo que está pasando en el Paraguay.
—¿Por qué?
—Pues, porque es el tercer país con puntajes más altos en criminalidad de la América Latina, después de Colombia y México. Y es cuarto a nivel mundial. Nunca me lo hubiera imaginado.
—¿Sabe que, para el Paraguay, Colombia es un país de referencia en materia de política de seguridad?
—Sin duda. El presupuesto de la nación destina un gran número de recursos a los temas de seguridad. Pero el segundo gran presupuesto de los temas de seguridad en Colombia es la ayuda que llega de los Estados Unidos para esas cuestiones. Entonces, eso se ha tornado como una suerte de universidad para las fuerzas públicas de toda América Latina. A raíz del Plan Colombia.
Entonces, claro, si se va y se trabaja y se aprende mucho de muchas cosas. Pero es que los niveles de aprendizaje criminal y los niveles de penetración son muchísimos más. Como parte de la Red Global de expertos de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Trasnacional, venimos construyendo del índice global de criminalidad organizada. Hace apenas tres semanas lanzamos la reiteración de datos 2023.
Nos propusimos hacer un retrato mundial en 193 países en dicha materia para ver cómo están las 10 economías ilícitas, 5 tipos de grupos criminales y 12 indicadores de resiliencia. Porque precisamente entendemos que la forma que tenemos de luchar contra esta amenaza tan gravísima del crimen organizado trasnacional es la resiliencia de las comunidades y también de los Estados.
Y en 2021 logramos la primera fotografía; en 2023 sacamos la segunda... y, lastimosamente, lo que estamos viendo es que los indicadores de criminalidad han aumentado notoriamente frente a lo tímido que aumentan los de resiliencia. Para mí, el caso del Paraguay es atípico.
—¿Por qué le parece atípico?
—No es que sea algo supernotorio para el mundo. Yo, como ciudadano español, me interesé en estudiar a Colombia porque son mundialmente conocidos los problemas de criminalidad organizada que tiene el país. Y el Paraguay lo tuve que descubrir hasta el 2021, que investigué en el Índice Global.
—¿Cuál es el contexto que propicia la formación de los grupos criminales?
—Hay un trabajo que se llama Economía Política del Crimen Organizado, que identifica las variables para que florezcan no solo los actores alrededor del crimen organizado, sino las economías ilícitas. Una de las variables es geográfica, o sea, estar lejos de los centros de poder. Otra variable es la prohibición. Aquello que es prohibido es lo que se busca, más aún por la rentabilidad que tiene. La tercera es la sensación que tienen los poderes públicos de que esa amenaza no es tan grave.
El crimen organizado y las economías ilícitas están presentes en todo el norte global. Están todas en Europa. Una de las falacias en las que hemos estado moviéndonos en la lucha contra todo este flagelo es pensar que esto es todo culpa de la oferta. Sin embargo, en cualquier economía, lícita o ilícita, si no hay demanda, no hay oferta. Así de sencillo.
Por eso, si las economías ilícitas son trasnacionales, por qué la seguimos estudiando solo a nivel país.
—Esa economía ilícita también financia partidos políticos y candidaturas en las elecciones. ¿Qué hacer al respecto?
—Desde que llegué a Colombia en 2011, empezamos a trabajar en una respuesta del Estado colombiano a esos problemas. No puedo decir que hayamos ganado la batalla. Es muy complicado. El que crea que en la República de Colombia ninguna campaña recibe dinero del narcotráfico, así sea, capital directo o capital reproducido. O sea, dinero que de alguna forma u otra se ha generado en el marco de la ilicitud, está equivocado. Nadie dice no al dinero del jíbaro (vendedor de drogas) que vende en una esquina. Y nadie le dice que no al dinero capital reproducido.
Pero lo que sí es claro es que Cuentas Claras, que es el aplicativo que viene trabajando en Colombia, pues está generando una cultura de la rendición de cuentas, de que las financiaciones de campaña se controlan, de que hay que, con transparencia, decir cuánto y cómo se gastó, que hay unas capacidades que no existían en 2011 y están instaladas hoy en el Estado colombiano, en los órganos de gobernanza electoral, para perseguir delitos electorales por financiación ilícita de campañas, y obviamente todo eso es más que lo que había. Son pasitos hacia una posible solución de eso. Claro, todo esto pasa también porque la gente cambia el chip. Es una carrera de largo aliento.
—¿Cómo evitar que sectores de la sociedad civil se involucren o sean captados por actividades como el narcotráfico?
—Entre todos los facilitadores y conductores de las economías ilícitas, hay uno que es el más relevante: la mano de obra. Sin mano de obra no hay economía ilícita. Si no hay personas que se preste para andar con una pistola sicariando a la gente, no hay sicariato.
Las políticas públicas no piensan cómo hacer para quitar la mano de obra a las economías ilícitas. Esto no piensa nadie.
Se trata de generar oportunidades, y afinar ahí es clave, porque hay programas de prevención del reclutamiento para niños, niñas, jóvenes, adolescentes, muy estandarizadas, pensadas para la mayoría de la gente, y ahí es donde creo que debemos investigar qué significa para la gente desarrollo y bienestar, y cómo el Estado es capaz de ofrecerles algo que sea una alternativa. Yo no voy a decir lo que se decía en los 90, de que pobreza y delincuencia van de la mano, porque lo que nos demuestra la realidad es que la mayoría de los pobres no delinquen.
—Pero la pobreza es un terreno fértil...
—Entonces, tenemos que dar soluciones y ese creo que es el gran fracaso y el gran retroceso que ha tenido América Latina en las últimas dos décadas y más acentuado con lo del covid-19. Un reempobrecimiento de las comunidades que los pone en situación de mayor vulnerabilidad y obviamente se aumenta además la otra gran asignatura pendiente de América Latina que es la inequidad. Esa inequidad compromete los valores de las instituciones democráticas. Vemos que la gente hace política para hacerse rico. Cuando hacer política es dar solución a los problemas y conflictos sociales. Si usted quiere hacer plata, monte una empresa. Lo que vemos es gente enriqueciéndose de forma muy salvaje a costa de lo poquito que tenemos para gastar para las políticas públicas. Y eso sí, es realmente preocupante.
Está relacionado con uno de los grandes temas que vemos en el caso del Paraguay desde la Iniciativa Global y es la falta de transparencia en la contratación pública estatal. Y el otro gran problema que vemos en Paraguay es la desigualdad que hay frente a la Justicia. Cómo los políticos o funcionarios de alto rango tienen una capacidad maravillosa para eludir cualquier persecución.
—Es la impunidad...
—Sí, esa impunidad es un ingrediente terrible para que los sistemas de justicia no funcionen. En Colombia, lastimosamente, se resuelven hoy el 7% de los homicidios. O sea, hay 93 que salieron campantes.
—En Paraguay, grupos criminales manejan las cárceles y operan desde estas. Se originaron en Brasil y se extendieron a las penitenciarías paraguayas. ¿Qué revela esto?
—Que el sistema de justicia ha fracasado y colapsado de una forma flagrante en estos países. Hablamos de un sistema de justicia que a nivel policial tiene problemas de conjunción, con fiscalías corruptas o jueces que no tienen capacidad para dictar sentencia en tiempo y forma. Si la Justicia es tardía, no es Justicia. Sumemos un sistema penitenciario que está putrefacto, con cárceles orientadas no a la reinserción, como dicen todas las constituciones, sino que son universidades del crimen. Toda la cadena es pésima.
De Paraguay preocupa la falta de transparencia en la contratación pública estatal y la desigualdad que hay frente a la Justicia.
Lo que estamos viendo es gente enriqueciéndose de forma muy salvaje, necesariamente a costa de lo poquito que tenemos para gastar para las políticas públicas.
Las políticas públicas actúan como si no existieran las economías ilícitas. Hay un montón de elementos más que las políticas no están atendiendo, son muy pobres en ese sentido.
Perfil
Santiago Garre es candidato a doctor en Seguridad Internacional, abogado y magíster en paz, seguridad y defensa nacional. Cuenta con varias publicaciones. Es consultor de organismos internacionales y experto de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Trasnacional. Asesor de partidos políticos, congresistas y gobiernos latinoamericanos.
