Finca 916. Así se denomina el predio de 8.500 hectáreas en Villa Hayes, de las cuales una parte, 131 ha, entró en litigio político y judicial tras el destape de la olla podrida del negociado de las expropiaciones en el Congreso y la pasiva o cómplice actitud de los ministros de Defensa de turno que permitieron el despojo.
El escándalo había explotado el pasado 27 de setiembre con la sanción ficta (automática) de la ley “de interés social” que desafecta tierras del Ministerio de Defensa a favor de la Municipalidad de Villa Hayes gracias a la denuncia de las senadoras Yolanda Paredes y Celeste Amarilla.
Esa ley, si pasaba desapercibida como las innúmeras expropiaciones acordadas, negociadas en el Congreso en un desvergonzado trueque político, era el crimen perfecto. Con ella se pretendía blanquear la invasión vip. Como se sabe, el hecho causó tal indignación pública por su alevosía que obligó al presidente Peña a posicionarse anunciando el veto a la ley y puso a la Procuraduría a trabajar en la recuperación de la propiedad estatal.
A partir de allí llovieron las acusaciones contra el senador Bachi Núñez, quien sigue defendiendo su proyecto mostrando documentos e intercambiando insultos con su enemiga declarada, la senadora liberal Celeste Amarilla. Decretos, desafectaciones y otros documentos salen a la luz en un caos documental que retrata muy bien la problemática de la tierra en el país más desigual del mundo.
La finca 916 lo resume todo: Políticos avivados disponiendo de las tierras fiscales para sus “ocupantes” a los que eligen por razón social/electoral o por razones económicas, en medio de la desidia o connivencia institucional.
La indignación que generó este caso tiene varias aristas. Empezando por la treta de plantear una ley de desafectación para beneficiar a “agricultores”, pero los beneficiarios resultaron ser acaudalados empresarios, jueces, ganaderos que se instalaron en la zona más codiciada sobre el río Paraguay construyendo ostentosas casas de verano con muelles privados sin el mínimo respaldo documental. Ellos ya estaban “en su propiedad” porque estaban seguros de que la transferencia era un trámite sencillo. Tenían como poderoso nexo político al senador Núñez, dueño y señor de Villa Hayes y hombre fuerte de Horacio Cartes. ¡Qué podría salir mal!
Otro dato que contribuyó a la irritación social fue el intento de estafa con el precio de la tierra. En la ley sancionada no se fija el precio; por tanto la Municipalidad de Villa Hayes estaba obligada a transferir a los invasores vip a precio irrisorio y no a precio de mercado, que oscila los 200 dólares el metro cuadrado.
JUSTICIA POR HECTÁREA. El caso más irritante lo protagoniza el magistrado, Daniel Gómez. Porque en él se resume la corrupción e impunidad: en el 2015, la Junta Municipal de Villa Hayes le adjudicó 2.000 m2 en Jardines de Remansito. En ese entonces, Ricardo Núñez, hermano del senador, era casualmente el intendente. Su señoría pagó apenas G. 8 millones, es decir G. 5.000 por m2. Este juez, casualmente, integró el Tribunal de Apelación que anuló una condena al ex gobernador de Presidente Hayes, el colorado Emigdio Benítez, sentenciado a 4 años de prisión por producción de documentos falsos en un pleito que casualmente salpica al ex gobernador Ñoño Núñez, hermano del senador. ¡Pero cómo no iban a mimar al juez propio con un pedazo de paraíso sobre el río!
En medio de las discusiones, afloran todas las pruebas de la indiferencia, desidia, connivencia, complicidad o sumisión de las instituciones que debían velar por esas tierras. Empezando por el Ministerio de Defensa, los legisladores que van desguazando la Finca 916, fiscales que hicieron caso omiso a las denuncias por invasión de inmuebles y delitos ambientales.
BACHI VS. EL GOBIERNO. Como prueba irrefutable de la ilegalidad de sus actos, tres invasores entregaron las llaves de sus terrenos al procurador Marco Aurelio González. Admiten que son tierras del Estado. Se ganó una batalla sin disparar un tiro, aunque hay mucho trayecto jurídico por recorrer ya que aún quedan ocupantes.
Sin embargo, el senador Núñez sigue defendiendo su ley a pesar de la clara posición que asumió el Poder Ejecutivo en su contra. Ante la falta de apoyo público del Gobierno, mueve los hilos de su territorio político. El intendente de Villa Hayes, el también cartista, Luis López, hizo una conferencia de prensa para “probar” que Jardines de Remansito son municipales y exhibió documentación, pero el intento de blanqueo no duró mucho porque inmediatamente fue desmentido por el procurador.
Núñez, acorralado como nunca antes en su vida política, intenta ocultar esta disparidad dentro de Honor Colorado insultando a Celeste Amarilla, pero a estas alturas, su problema ya es con el presidente de la República.
Aún hay mucha tela por cortar en este caso, se configuraba como un plan perfecto.
Pero como dicen que el crimen perfecto no existe, sino investigaciones imperfectas, dependerá del Ejecutivo, del Congreso y del Poder Judicial el epílogo de este escandaloso despojo de la Finca 916.
Aún no es tiempo de cantar victoria.
