Contradictoriamente a su esencia, el Estado aparece como una construcción distanciada de la ciudadanía, un modelo que se fue consolidando a pesar de la caída de las dictaduras en Latinoamérica. En plena democracia, el pueblo es visto como objeto de derechos y no como sujeto, se lo considera un elemento pasivo en la toma de decisiones cuando en realidad su participación activa es la que da legitimidad a la democracia.
Este fenómeno lo explican especialistas en ciencias políticas que atribuyen esta forma concebir al Estado a la captura por parte de las élites, que debilitan el rol estatal para sustituir funciones imprescindibles desde una mirada patriarcal, como lo bien lo especifica la politóloga chilena, Karina Oliva, en una clase de Clacso.
El modelo actual defiende la democracia meramente representativa, donde los que ejercen el poder, hacen todo lo contrario a promover las discusiones propias de una participación democrática. Los desalojos forzosos, contaminación ambiental, corrupción e impunidad, falta de acceso a un adecuado servicio de transporte público, además de otras violaciones de derechos humanos, son algunas de las manifestaciones del sistema vigente.
Hay pocas esperanzas de un avance en materia de derechos humanos, ya que en la realidad estamos dando pasos hacia atrás. La última demostración es la conformación de ternas para la Corte Suprema de Justicia y para la Defensoría del Pueblo, donde personas destacadas fueron excluidas para dar lugar a quienes defienden el statu quo.
El bofetón de la semana es la reelección de Miguel Godoy como defensor del Pueblo de la mano del cartismo, cuyo líder emana prepotencia y denigración, especialmente hacia las mujeres. El sector argumentó formación intelectual y vocación de servicio de su candidato, y defendió como “exabruptos” los maltratos, acoso y un sinfín de expresiones que contradicen sus funciones como garante de derechos y que atentan contra la ley de protección integral de las mujeres y si existiese una ley contra toda forma de discriminación, también la violaría con su conducta antiderechos.
Su designación confirmada ayer en la Cámara de Diputados es un claro mensaje de lo que significa el Estado para los legisladores: un macho represor que no está dispuesta a modificar sus conductas. En tanto que quedaron fuera candidatos y candidatas con larga trayectoria en la “canalización de reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios”, roles que corresponden al cargo.
Es reprochable su elección además en un contexto en que el acoso está bajo la lupa. Mañana termina el juicio oral del caso Alexa, el segundo intento de llegar a la justicia tras una serie de irregularidades que favorecieron al cura Silvestre Olmedo, mientras que también está pendiente la denuncia de una bombera contra el capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Rubén Valdez. La reelección de Godoy, quien también cometió acoso, no puede ser tomada con tanta ligereza.
Quedaron excluidas ya de la terna Diana Vargas, quien se desempeñó en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y quien coordinó programas de derechos humanos en la Corte y el Ministerio del Interior, así como Liliana Zayas, quien renunció al Viceministerio de Protección de los Derechos de las Mujeres, por rechazar una posición del Gobierno que distorsionaba la persecución del bienestar de las mujeres.
Otra indiscutible candidatura fue la de Jorge Rolón Luna, ex perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión de Verdad y Justicia, que investigó los terribles crímenes de la dictadura de Alfredo Stroessner.
Son personas comprometidas en materia de derechos humanos, un concepto que un sector privilegiado de la sociedad, que permea en la clase trabajadora, intenta tergiversar con falsedades para justificar represiones que tienen como único fin salvaguardar el derecho a la propiedad privada en todas sus aristas.
