Es que el propio presidente electo del Congreso y líder de bancada de Honor Colorado, Basilio Bachi Núñez, hizo referencia a este tema.
En contrapartida, el bloque democrático de la oposición considera que se debe analizar el expediente en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Mañana se prevé una sesión extraordinaria para el tratamiento del polémico proyecto de reforma policial, y oficialmente se le estaría dando entrada al desafuero.
El secretario general Antonio Sánchez había mencionado el procedimiento; sin embargo, Bachi aseguró que supuestamente ya se remitió a la Comisión, presidida por la disidente Lilian Samaniego.
En ese contexto, el cartista se refirió a la posibilidad de que en otra sesión extraordinaria, Constitucionales ya pueda expedirse para tratar el pedido.
Además, Bachi prácticamente embretó a sus demás colegas para que se sientan obligados a acompañar, ya que de no hacerlo, a su criterio, significaría un blindaje.
“Está la posibilidad, siempre y cuando la mayoría de los miembros con la presidencia consideren necesario entonces reunirse y ver la posibilidad de dictaminar al respecto”, fue lo que manifestó Núñez.
“Rechazar significaría lo que siempre decimos blindar y bloquear la posibilidad de la Fiscalía de investigar”, acotó.
“Es un blindaje y no creo que corresponda a ningún legislador ni ningún ex presidente”, fue lo que sostuvo.
Sin embargo, no hizo referencia a los números. De acuerdo con lo que establece la Constitución Nacional, se precisan de dos tercios de los votos de los presentes.
Esto implica que si están los 45 senadores en la sala de sesiones, tendrían que acompañar un total de 30.
El cartismo no podría llegar a esa cantidad, por lo que pone en aprietos a la disidencia colorada y también al bloque de la oposición.
Actualmente, el cartismo es el que tiene más senadores miembros en su bancada y llegaría a 24 con sus aliados.
Por el momento, los disidentes no están haciendo ningún pronunciamiento oficial sobre la eventual postura.
Desde la oposición sí ya se escucharon algunas objeciones, e incluso posiciones en contra del desafuero.
Es el caso del progresista Rafael Filizzola. “La Constitución establece que el Congreso debe analizar el mérito. Si uno analiza la imputación, uno ve claramente una copia de la denuncia, algo que nunca ocurre en el Ministerio Público”, alegó.
“Hay una serie de deficiencias e inconsistencias (...), además hay una conculcación muy grave de los derechos procesales de la defensa”, había señalado el senador.
Esperanza Martínez, del Frente Guasu, había anunciado que pediría a la bancada cartista que se mande el desafuero a las comisiones, y espera que “no vengan otra vez a atropellar el martes”.
Había mencionado que aún no había una postura como bloque democrático.
Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, así como Enrique Buzarquis, del PLRA, coincidieron en que además de pasar por Constitucionales el expediente, se tendría que convocar a Mario Abdo.
La mayoría de los opositores coinciden en que más que un caso judicial, sería más bien una cuestión política del ex presidente Horacio Cartes contra Abdo, y que aprovecharían justamente el copamiento de las instituciones para usarlas como garrote.
