La jueza Penal de Garantías de Ciudad del Este, Cinthia Garcete, con recomendación del Ministerio Público otorgó libertad ambulatoria al diputado Carlos Portillo durante la audiencia de imposición de medidas que se realizó este martes.
La defensa del legislador presentó fianza personal y caución real consistente en inmuebles con sus condiciones de dominio y tasación para garantizar su arraigo, así como otros documentos.
El Ministerio Público apoyó la medida argumentando que a estas instancias del proceso ya no existe posibilidad de que se obstruya la investigación, informó el periodista de Última Hora Edgar Medina.
Asimismo, la jueza Garcete fijó para el miércoles 17 de junio la audiencia preliminar. El proceso estuvo trabado un año y medio por recursos planteados por el encausado y el Ministerio Público, con relación a la pericia de dos teléfonos celulares.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppLea más en: El caso Portillo no avanza a casi 1 año y medio de imputación
Finalmente, también se decidió que el peritaje de los teléfonos se realizará el próximo lunes en el Laboratorio Forense del Ministerio Público.
Los investigadores pretenden extraer evidencias de que Portillo habría pedido USD 3.000 a la contadora Auda Fleitas, para supuestamente conseguirle una resolución beneficiosa en la Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este, en una investigación que la profesional enfrentaba en el fuero penal.
El caso se debe a una serie de audios que evidencian la supuesta intromisión política en casos judiciales tramitados en tribunales de Alto Paraná por parte de Portillo, que habría ocurrido entre agosto del año 2017 y agosto del año 2018, según la Fiscalía.
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La conversación telefónica entre Portillo y Fleitas derivó en una investigación penal contra el legislador por parte del Ministerio Público. El diputado fue imputado el 9 de enero del año 2018 y acusado el 12 de noviembre de ese año por la fiscala Liliana Alcaraz ante el Juzgado Penal de Garantías.
Pero ante la falta de la pericia de los teléfonos celulares de la contadora y el diputado que aparecen como elementos de prueba del Ministerio Público, impedía la realización de la audiencia preliminar.
