El abogado Víctor Dante Gulino, nuevo defensor del legislador, promovió un recurso de reposición y apelación en subsidio en contra de la resolución que fijó para esta mañana, la audiencia preliminar que lo podría mandar a prisión preventiva, tal como pasó con su colega y correligionario Miguel Cuevas.
En otras palabras, lo que quiere es que el mismo juez revoque su resolución de fijar la preliminar. Si no lo hace, solicita que el Tribunal de Apelación en lo Penal, revise la decisión del juzgador. Con ello, si el juez hace lugar al pedido, deberá suspender la audiencia. Si lo rechaza, deberá conceder la apelación subsidiaria y remitir al Tribunal de Apelación el expediente, con lo que la audiencia de hecho está suspendida.
Es la tercera vez que logra suspender la preliminar. La primera vez que suspendió la diligencia fue el 26 de diciembre pasado, cuando presentó un reposo médico de 72 horas, con lo que el juez le citó de nuevo para el 10 de febrero de este año.
Ya en esa fecha, el congresista cambió a su defensor Jorge Bogarín, por el actual, Víctor Dante Gulino, quien solicitó las copias del expediente y la suspensión de la diligencia, lo que fue concedido por el juez.
Ahora, de nuevo se suspendió la preliminar. El magistrado citó a las partes para las 08.15, de modo a sustanciar en forma oral el recurso que promovió la defensa, con lo que al concluir, deberá resolver la cuestión.
EL CASO. Rivas había sido imputado por supuestos hechos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Sin embargo, fue acusado finalmente por supuestos hechos de estafa y cobro indebido de honorarios, donde el perjuicio patrimonial sería de G. 47 millones conforme la Fiscalía.
Hay que señalar que el caso del diputado Rivas salió a la luz por una investigación de Última Hora, en el 2017. La misma reveló que el parlamentario hacía figurar como funcionarios de la Cámara de Diputados a tres empleados particulares suyos.
Los tres empleados, que ya esperan el juicio oral son: Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco González.
La acusación fiscal refiere que los mismos eran supuestamente funcionarios a cargo de Rivas en el Congreso, pero en realidad cumplían funciones en sus propiedades en Lambaré e Ybycuí.
El juicio oral a los tres coprocesados está parado, debido a que el fiscal Luis Piñánez espera que el caso de Rivas sea elevado a juicio oral, donde luego pedirá la acumulación de la causa, para hacer un solo juzgamiento.
Hasta ahora, no pudo realizarse la preliminar, con lo que el caso sigue a la espera de resolución para poder hacer el juicio oral a los caseros.
Por el monto del perjuicio, incluso, Rivas podría pedir una salida alternativa, pero con eso debería admitir el hecho punible investigado.