Hay quienes presumen –sin pruebas objetivas– que si Pecci no hubiera muerto, Hijazi seguiría en el Paraguay.
El allanamiento, realizado el 12 de mayo, habría llevado al hallazgo casual del contrato Hijazi/Fretes de 368.000 dólares. Suponen –con toda mala intención– que el firmante Amílcar aprovechaba su privilegiada cercanía con su padre, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, para realizar un rentable tráfico de influencias. Sostienen que si el acuerdo continuaba secreto, la Sala Constitucional de la Corte, presidida por el doctor Antonio Fretes, no hubiese ratificado su extradición. Es decir, el negocio pactado hubiera seguido adelante.
Todo se pudrió, entonces, con el allanamiento. Pero, ¿por qué el contrato apareció solo ahora?
Hay quienes conjeturan –sin aportar evidencias– que el fiscal Lorenzo Lezcano, que encabezó los allanamientos, ex ministro del Interior de Horacio Cartes, supo desde el primer momento que el documento encontrado dejaba en sus manos al más poderoso hombre de la Justicia paraguaya. Y se lo hicieron saber a él y a nadie más.
Por eso, agregan –con perversa imaginación–, surgió aquella inentendible desautorización a todo tipo de gestiones hechas en su nombre, incluyendo a sus hijos. A ver, dicen, ¿quién hace este tipo de aclaraciones públicas? ¿Por qué no habla directamente con sus hijos? Y, luego, había que devolver la plata al libanés, que a esta altura estaba pasando de la frustración a la furia, presintiendo una estafa. Y, por supuesto, no quedaba otra opción que votar por la extradición.
Todo lo escrito hasta aquí permanece en el terreno de la elucubración, pero hay, sin embargo, hechos que son irrebatibles:
a) Mientras el fiscal Marcelo Pecci trataba de extraditar al líder de una organización internacional que lavaba dinero del narcotráfico, el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia negociaba lo contrario.
b) En seis meses la Justicia colombiana investigó, apresó y condenó a los autores materiales del crimen mientras la Fiscalía paraguaya sigue sin saber qué información hay en los celulares de algunos de los potenciales mandantes del asesinato.
c) A raíz de la publicación del escandaloso contrato privado, diariamente la prensa fue develando la increíble red de negocios e influencias vinculados al presidente de la Corte Suprema y sus familiares. Son datos que echan por tierra la afirmación de que el ministro tenía muy poco contacto con su hijo.
Hay pues, en este indecente espectáculo protagonizado por el doctor Antonio Fretes, motivos para varios reclamos. Pidió permiso por motivos de salud a su cargo de presidente de la Corte, pero sigue como miembro de la Sala Constitucional. El resto de los ministros aceptaron ese permiso tramposo demostrando una debilidad moral lamentable.
Lo demás no sorprende. Ninguna institución económica del Estado advirtió movimientos extraños en las finanzas de la familia Fretes; una mayoría de diputados de las dos facciones coloradas con la ayuda de algunos liberales impidieron el juicio político al presidente de la Corte y; la ciudadanía reaccionó débil y espasmódicamente, como si estuviera demasiado acostumbrada a todo.
Es Paraguay. Un país sin suficiente fuerza institucional ni ciudadana para depurarse por sí mismo. Siendo así, no veo por qué el doctor Fretes debería irse por su propia voluntad.
