La Constitución Nacional es bastante clara y no deja resquicios de dudas con respecto a la potestad del Congreso para solicitar informes a los diferentes organismos de los poderes del Estado, entes autónomos, autárquicos y descentralizados. Estipula que los requerimientos de las cámaras deberán ser contestados en forma precisa y completa, incluyendo documentación si hiciere falta. La ley reglamentaria del artículo 192 establece plazos e identifica responsables.
Hasta ahora, las instituciones han respetado la facultad parlamentaria. Quizá hubo retrasos o se remitieron informes incompletos, pero ninguno ha llegado al nivel de grotesca burla del Banco Central del Paraguay al responder un pedido de informes sobre lavado de dinero y actividades financieras del ex presidente Horacio Cartes. El documento consta de 246 páginas, de las cuales 150 están tachadas totalmente. Son ilegibles. No solamente eso, en una muestra de altanería y desaire, obliga a los senadores a remitirse a un link o enlace cuando se les pregunta si Cartes está inscripto como prestamista. ¿Miedo a dejar por escrito algún dato que les puede costar futuras represalias?
Lo que hizo el BCP tuvo su efecto bumerán. Lo que quisieron esconder, los medios y los internautas empezaron a escarbar para dar a conocer al gran público. Surgieron más preguntas y los personajes vinculados a ese grupo políticos y sus operaciones aún más expuestos.
Sucedió lo que se denomina el efecto Streisand. Es cuando se quiere ocultar una cosa y se vuelve más famosa. Hoy se dice viral, porque se propaga la información como un virus. Es un fenómeno de los nuevos tiempos del reinado de internet. Un encubrimiento, un intento de censura, una extorsión buscando el silencio acaba siendo más divulgado.
El nombre deviene de un suceso en el 2003 cuando un famoso fotógrafo pretendía mostrar la erosión de la costa californiana. Para el efecto, tomó fotografías de las mansiones, sin saber que una de ellas pertenecía a la cantante y actriz, quien presentó una demanda millonaria contra el fotógrafo alegando violación de su privacidad. Las fotos aéreas no detallaban los nombres de los propietarios y la publicación no tuvo eco. Pero después de la denuncia y el intento de censura su caso concitó la atención del público, la foto de su mansión se propagó en millones de clicks y logró la repercusión en los grandes medios. Además de perder el caso en la Justicia, logró el efecto contrario. Lo que se dice, el tiro por la culata.
El BCP, tarde o temprano, deberá remitir los informes respondiendo a cada pregunta incómoda que quiere ocultar.
CUARTELES DE TORTURA. Las Fuerzas Armadas vuelven a estar en la mira con el escándalo de supuestas torturas de cadetes inferiores. Se conocen dos casos: un joven está internado en terapia porque supuestamente “cayó de un árbol”, y otra cadete se vio obligada a abandonar la academia tras dos internaciones con graves derivaciones siquiátricas. Todo como derivación de torturas físicas y sicológicas, según las graves denuncias.
La cúpula de la Academil intentó por todos los medios ocultar y encubrir los vejámenes en los cuarteles buscando minimizar el asunto.
En respuesta, aparecieron videos y fotos de los maltratos y las prácticas de torturas que los propios familiares indignados acercaron a los medios de comunicación. El intento de encubrimiento acabó produciendo el efecto contrario y hoy dos altos jefes militares están destituidos. La Academia Militar tiene nuevo comandante. El general de Brigada Alcides Lovera reemplaza al general César Caballero. También fue relevado el comandante del pelotón de cadetes, Simón Leguizamón, por el coronel Édgar Carneiro Gauto.
El efecto Streisand. Lo mismo había pasado con la Fuerza de Tarea Conjunta, con la muerte de dos niñas en un operativo contra el EPP en el 2020. El rosario de mentiras y errores cometidos por los militares y la Fiscalía que enterraron los cuerpos y quemaron sus vestimentas para evitar preguntas incómodas golpeó duramente a los organismos del Estado e incluso tensó las relaciones con Argentina, ya que las jóvenes abatidas eran del país vecino. Lo que quiso esconderse salió a luz convirtiendo el “exitoso operativo” en una pesadilla para el Gobierno.
Otro asunto que puede sumarse a este fenómeno viral son las querellas contra la diputada Celeste Amarilla, de parte de sus colegas a quienes vinculó con el narcotráfico. Si hubiese quedado como una confrontación política más dentro del recinto legislativo, no habría pasado a mayores y el escándalo se hubiese diluido con otro escándalo. Al llevarse al terreno judicial, hay mayor interés en conocer a qué se dedican los aludidos por la legisladora liberal. Los nombres de Cristina Villalba, Nazario Rojas y otros son mencionados repetidamente en los debates de las redes sociales, un sanguinario tribunal sin reglas que reparte sentencias inapelables.
Como corolario semanal, se agrega la decisión del Consejo Nacional de Educación Superior de cerrar dos carreras de Medicina de la Universidad María Serrana. El intento por acallar las denuncias o desacreditar la decisión no hizo otra cosa sino generar mayor interés sobre la calidad educativa, el plantel docente, los costos de las cuotas, la cantidad de alumnos, quiénes avalan las irregularidades.
En los acelerados tiempos de internet y caprichos virales, las amenazas de censura, del chantaje y la extorsión buscando acallar logran el efecto contrario.
