En el primer país, Pablo Escobar y otros capos emprendieron una auténtica guerra contra el Estado con asesinatos, coches bombas y extorsiones a jueces logrando que las extradiciones estuvieran prohibidas hasta 1997. Preferían una tumba en Colombia que una celda en los Estados Unidos. En México, Joaquín el Chapo Guzmán, pese a los millonarios esfuerzos por evitarlo, terminó siendo enviado a una cárcel norteamericana.
También hay políticos en la nómina de extraditados. Es el caso del ex general panameño Manuel Antonio Noriega, quien en 1989 se entregó a militares estadounidenses, acusado de narcotráfico y blanqueo de dinero. En 2013 el ex presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, fue extraditado por lavado de dinero. Y también lo fue hace pocos meses el ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, por delitos relacionados al narcotráfico.
En Paraguay los casos de extradición a Estados Unidos, desde Joseph Ricord (1972) hasta el más reciente de Mohamad Hijazi, estuvieron vinculados al tráfico de drogas o al lavado de dinero, pero no hay antecedentes de que esa medida tuviera alguna influencia en la política interna paraguaya. Hasta ahora.
Es que el ambiente se ha enrarecido desde hace unas semanas. La campaña electoral transcurría con su cansina inercia habitual cuando, con pocos días de diferencia, ambos movimientos internos colorados recibieron golpes demoledores. El Departamento de Estado apuntó como muy corruptos a sus dos buques insignias. En realidad, lo de “demoledores” es una exageración propia de los columnistas políticos. Al electorado colorado no le inmuta demasiado que le cuenten que alguno de sus candidatos es corrupto. No le resulta novedoso, igual lo vota. Fíjese que el significativamente corrupto Ulises Quintana ocupa su banca de diputado sin despeinarse.
Pero, convengamos que ambos movimientos sintieron el impacto. Hubiera sido el momento ideal para que la oposición se fortaleciera. Pero, tal como suele suceder, algo implosionó en la Concertación y también allí todos terminaron maltrechos. Velázquez ya no está y lo reemplaza Wiens. Podría decirse que después del terremoto de las designaciones de la Embajada todo sigue más o menos igual. Sí, salvo por un elemento externo, incontrolable: la extradición.
Digámoslo sin eufemismos: una extradición puede reventar la inercia política paraguaya. Me refiero, todos lo saben, a la de Horacio Cartes. Cualquier otro paraguayo podría ser extraditado sin provocar las devastadoras consecuencias que la ausencia del patrón partidario provocaría en múltiples proyectos políticos, empresariales, comerciales, deportivos y periodísticos de nuestro país.
El problema es que los Estados Unidos lo podría hacer. Sin que desde aquí se tenga control sobre sus motivaciones. Y, si así lo decide, aunque Cartes controle la Fiscalía y la Justicia paraguaya, aunque sus abogados sostengan que tiene fueros como ex presidente y senador vitalicio, aunque refrieguen al jurado los argumentos usados por Nicolás Leoz para no ir extraditado, aunque tenga cuatro juicios abiertos aquí, igual lo llevarán.
Estados Unidos solicitó el arresto del ex presidente de Honduras el 14 de febrero. El 7 de abril la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el último recurso de amparo presentado por la defensa de Hernández y el 21 de abril el mismo era llevado esposado a una base aérea de Tegucigalpa. En los casos de este calibre los tiempos judiciales son otros. A propósito, si deciden hacerlo, lo harán ahora, no después que gane Santi Peña. Es por eso que hay tanta gente nerviosa.
