La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (Cncsp), la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), entre otros, calificaron la iniciativa como inconstitucional “por atentar en contra de los principios de igualdad ante la ley y de libertad de concurrencia económica”.
“Tendrá un efecto negativo para la economía nacional, pues hará disminuir drásticamente la recaudación del Estado, pondrá en peligro la salud pública y generará desigualdad en el comercio paraguayo”, refirieron en el pronunciamiento. Añadieron que en la práctica, si se llega a aprobar el proyecto, habrá enormes beneficios “para un pequeño grupo privilegiado de empresarios de frontera y no para la mayoría del país”.
Igualmente, manifestaron que uno de los mayores efectos negativos será que se tendrán productos controlados por las instituciones pertinentes en gran parte del país y otros no controlados en las ciudades fronterizas. “El control de la cadena alimenticia y de productos químicos es una obligación para el Estado y un derecho para el ciudadano conforme lo establece el artículo 72 de la Constitución Nacional”, reclaman.
Asimismo, aseguran que el modelo planteado minimiza los controles del Estado en materia aduanera y elimina los requisitos de derechos marcarios y de propiedad intelectual, licencias previas de importación, “y en definitiva, todas las restricciones económicas y exigencias previstas para la importación general”, según el texto.
“Ante lo que se expone, los gremios exigimos el cumplimiento de las leyes vigentes, así como el respeto irrestricto del principio constitucional de igualdad ante la ley. Al mismo tiempo, manifestamos nuestra preocupación ante las pérdidas de empleos formales, la caída de la competitividad y de la recaudación fiscal en todo el país, así como las diferencias cambiarias existentes con los países vecinos”, finalizan.
El citado proyecto de ley fue planteado con la intención de reactivar el comercio en zonas fronterizas y competir con los duty free abiertos en el Brasil. Sin embargo, hay rechazo en gremios locales y posturas contradictorias en los de Ciudad del Este.
