En un año en el que se vienen elecciones internas para presidente y cargos legislativos, el Estado paraguayo gastará G. 27,77 billones (alrededor de USD 3.973 millones al cambio vigente) en salarios y en beneficios adicionales del plantel público, de acuerdo con los números preliminares del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 sancionado el jueves pasado.
El monto aprobado por el Congreso Nacional en este segmento implica un aumento en torno a los G. 627.098 millones (USD 90 millones) en comparación a la versión enviada por el Poder Ejecutivo, incluida la adenda remitida en octubre por el Ministerio de Hacienda. Asimismo, si se compara con el PGN 2021, el gasto en sueldos se inflará en G. 2,1 billones, es decir, USD 300,5 millones.
Los datos indican que con este incremento en los servicios personales se financiarán el aumento salarial del 5% a docentes desde el mes de julio, la creación de 1.011 nuevos cargos en diferentes entidades, los reajustes para los jueces de paz y se devolverán los impopulares aumentazos a parte del plantel que forma parte de la Cámara de Senadores.
Adicionalmente, en lo que respecta al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), se costeará la reducción de la carga horaria médica, contrataciones para cubrir las vacancias producidas por esa reducción, un escalafonamiento del personal de blanco y el pago de bonificaciones para quienes siguen realizando guardias de 24 horas, entre otros.
La legislación aprobada, que espera ser promulgada por el Poder Ejecutivo, contempla que el desembolso en las remuneraciones se lleve el 29% de todo el plan de gastos proyectado para el año próximo y entre el 75% y el 80% de los ingresos tributarios.
DETALLES. La Cámara de Diputados, en el marco de una sesión extraordinaria realizada este jueves, decidió finalmente allanarse al Presupuesto General de la Nación 2022 versión Senado y sancionó el proyecto de ley. El documento pasó ahora a instancia del Ejecutivo para su correspondiente promulgación o veto.
La legislación contempla un monto global de G. 96,78 billones (USD 13.842 millones); la reposición del 100% de los recursos FEEI y Fonacide; el aumento salarial para los jueces de paz; la creación de los más de 1.000 cargos; y la utilización de endeudamiento para financiar parte del gasto salarial dentro del Ministerio de Salud.
Además de la eliminación de las prohibiciones para contratar y nombrar, el Congreso Nacional amplió en G. 20.000 millones los aportes a partidos políticos, en un año de elecciones internas; mantuvo los vales de combustible para cada diputado, por G. 3,5 millones al mes; y otorgó un adicional de G. 12.000 millones al Senado para devolver los aumentazos a su plantel, tras la suspensión de la suba en este ejercicio.
Postura. La semana pasada, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, había agradecido al Senado por reponer los fondos al FEEI y al Fonacide. En ese mismo sentido, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, mostró su conformidad con lo aprobado en la Cámara Alta y había pedido a Diputados acompañar esta versión.
El PGN 2022 se financia en un 50% con Fuente 30, que corresponde al cobro de tasas; en un 34% con Fuente 10, impuestos; y en 16% con Fuente 20, endeudamiento. El déficit será del 3% del PIB.
El Presupuesto General de la Nación es considerado como la ley más importante del país ya que en él se contemplan los recursos con los que contarán las instituciones para su funcionamiento.
80% de los ingresos tributarios aproximadamente serán utilizados para pagar remuneraciones en el PGN 2022.
Hacienda está conforme con lo sancionado
El Ministerio de Hacienda manifestó su conformidad, en líneas generales, con el PGN 2022 que fue sancionado. El viceministro de Economía, Iván Haas, resaltó que si bien no recibieron aún la ley, los números que están viendo de forma extraoficial son manejables y se encuentran dentro del déficit fiscal del 3% del PIB que solicitó la cartera para el año próximo.
El secretario del Equipo Económico subrayó que eso puede ser administrado mediante el plan financiero, aunque dijo que revisarán con lupa la parte del articulado. En ese sentido, mencionó que el veto sería “la última opción” y que en caso de encontrar alguna discordancia con los planes del Poder Ejecutivo, se trataría de solucionar a través de las diversas herramientas que están disponibles, como el Plan de Caja.