Es completamente inadmisible que hayamos llegado en el Paraguay a la casi normalización de las situaciones de violencia generadas por el narcotráfico y el crimen organizado. El Estado paraguayo no puede seguir siendo apenas un testigo de las agre-siones entre bandos y tolerar que utilicen el territorio como un campo de tiro. A pesar de que en la frontera nunca han tenido una presencia significativa ni eficiente, las instituciones de seguridad deben profundizar la lucha contra el crimen y evitar que el poder narco tome las riendas.
Después del atentado que costó la vida del presunto narcotraficante Ederson Salinas Benítez, alias Ryguasu, suceso que conmocionó a la sociedad, pues ocurrió en el estacionamiento de un supermercado en la ciudad de Asunción, las autoridades apenas sí pudieron ensayar algunas explicaciones mientras que la clase política, actualmente en plena campaña electoral para las elecciones generales del 30 de abril, se llamó a silencio. Sin embargo, quienes aparentemente sí tienen una agenda al respecto son los mismos delincuentes.
¿Está perdiendo el Estado el control?, se preguntaba Última Hora en la crónica que reportaba los dos nuevos casos de sicariato que se registraron en menos de doce horas, el pasado fin de semana en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Un hombre fue torturado y asesinado a tiros en la madrugada y según la Policía, presuntamente, tenía vínculos con una estructura delictiva. Según la esposa de la víctima, el hombre aparentemente se desempeñaba como secretario en un esquema de tráfico de drogas y armas. La segunda víctima de sicariato, en el mismo día y en la misma ciudad, también tenía vínculos con estructuras criminales, y después se supo que pesaba en su contra una orden de captura por el intento de asesinato de Ederson Salinas Benítez, alias Ryguasu, en el año 2022.
Una guerra entre narcos, ajustes de cuentas que pueden llegar a tener más víctimas; mientras el esquema de seguridad del Estado no cuenta con un plan para evitar la escalada de violencia, es del todo inaceptable. Ya el año pasado se hablaba de que la violencia podría ir en aumento y que las cifras de muerte por sicariato serían superadas.
De esta manera, acabamos normalizando la violencia y normalizando la idea de que la vida tiene un precio. Estos hechos constituyen un indicador de que la industria del sicariato está creciendo y que seguirá imponiéndose a través del miedo y la violencia.
La cuestión resulta sumamente grave y no se percibe una preocupación de parte de las autoridades, considerando que los casos de sicariato eran un fenómeno que afectaba a ciudades como Pedro Juan Caballero y Capitán Bado. Sin embargo, esto cambió y ese fenómeno que nos parecía tan lejano se expandió a todos los departamentos del país. Para el investigador Jorge Rolón, esto se da a partir de que nuestro país comienza a consolidarse como un eslabón importante en la cadena del narcotráfico para el envío de cocaína a Europa. ”Es un negocio demasiado grande, importante y está involucrada gran parte de la clase política”, decía. Y agregaba otro aspecto sumamente grave sobre el hecho de que el sicariato se puede convertir en un fenómeno autónomo para pasar a ser un modelo de control y de extorsión, con obvias y terribles consecuencias en la vida de la ciudadanía.
No caben dudas a estas alturas de que hay un fracaso en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Es el momento de enfrentar el problema con nuevas visiones y planes; considerando que la estrategia de los organismos de seguridad, si la hubiera, no está funcionando.
Otro aspecto que pesa es la irrupción del dinero sucio en la política paraguaya. Esto se hizo patente el año pasado con los operativos antidrogas que terminaron develando el obsceno lujo y despilfarro de supuestos empresarios que construyeron fortunas ayudados con el dinero del narcotráfico, y mediante a sus buenas relaciones con políticos y autoridades del Gobierno.
Urge que se detenga la filtración de dinero del narco y del crimen organizado en la política pues eso no está dirigiendo a la pérdida de poder del mismo Estado sobre su territorio y sus instituciones.