Los poderes Ejecutivo y Legislativo hasta la fecha no divulgaron ningún trabajo o delineado algún plan relacionado al uso de los beneficios que generará indefectiblemente la reducción de la tarifa de Itaipú, como consecuencia de la extinción de la deuda de la hidroeléctrica que se avecina en 2023 y que motivará la revisión del Anexo C de la binacional, según indica el ingeniero Orlando Valdes, experto en temas energéticos.
“Hoy, la urgencia del Estado es definir, entre otros aspectos, si promoverá o no la utilización masiva de la energía hidroeléctrica, o si optará por su cesión, o por su venta a nuestros socios en las binacionales”, explicó.
Apunta que la opción que tome el Estado debe contemplar un enfoque sistémico de la realidad nacional, además de considerar que el Paraguay por mucho tiempo aún dispondrá de energía eléctrica abundante y barata. “Esto ocurrirá porque el gran volumen de producción de Itaipú afectará a la baja cualquier canasta de tarifas que se constituya en el país”, sostuvo.
Valdes afirma que la revisión del Anexo C en 2023 es un hecho previsto desde la firma del documento y aún así “toma desprevenido” al país.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppPor eso, sostiene que la tarea pendiente del Estado consiste en definir las metas a alcanzar en lo relacionado al desarrollo económico y social del país, mediante el uso de beneficios a obtener de la abundante hidroenergía barata que se dispondrá a partir del 2023.