En compañía de Sergio Godoy, asesor jurídico de la Presidencia de la República, y del ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, Moreno refirió ayer en Mburuvicha Róga que se pretende con el pedido de quiebra el desapoderamiento de los actuales propietarios de la planta en Iturbe, además de que la gente humilde de la zona no vea afectado su futuro, y precautelar los intereses del Estado como acreedor.
“Nos preocupa que un expediente esté hace dos años dormido en los juzgados del Guairá. Además, a pesar de haber pasado 12 días de la presentación de la quiebra, hasta ahora el juez de la causa no se expidió”, destacó.
Con respecto al fideicomiso realizado por los propietarios de Iturbe SA, Moreno destacó que se había publicado en los medios que se iba a subastar. A su criterio, resulta inviable esa acción, porque los actuales administradores no tienen crédito en el mercado financiero ni credibilidad ante el Gobierno nacional ni la opinión pública.
Destacó igualmente que la azucarera se encuentra en una situación extraordinariamente grave, y que la única salida es la quiebra; además, se instalará a un síndico en la fábrica para lograr que los acreedores principales la alquilen o la enajenen, con el fin de reactivar la molienda, antes de que se pierda la actual zafra de caña de azúcar.
Para Sergio Godoy, la decisión gubernamental fue provocada por la misma situación que los administradores de la planta fabril cometieron, ya que hubo siete reuniones con los accionistas, acreedores y cañicultores, para tratar de brindar un salvataje a la industria de esa zona del país.
“Pero al tiempo nos dimos cuenta de que muchas informaciones estaban siendo ocultadas, y mismo entre los accionistas no había un objetivo común, sino que cada uno pensaba por su lado”, afirmó.
De acuerdo con el ministro Gustavo Leite, la fábrica necesita una adaptación y el mantenimiento correspondiente, para que lo antes posible un síndico del Estado pueda ingresar y convocar a acreedores. “Tenemos la esperanza de que el síndico realice la labor que los accionistas no pudieron. Esta persona debe determinar si hubo o no fraude, y de ser así, alguien debe ir preso”, manifestó.
A renglón seguido, Leite dijo que Petropar hizo un esfuerzo en su intención de comprar el equivalente a 50 millones de toneladas de caña molida, para la mezcla con la nafta.