Mucha gente realiza un gran y meritorio esfuerzo por pagar sus impuestos y responder a todas las exigencias tributarias obligatorias del Estado en tiempo y forma. Y es lógico llenarse de rabia al ver que un gran porcentaje de esa recaudación se distribuye alegremente, sin ningún tipo de respeto o consideración con ese esfuerzo, y hasta de manera injustificada e ilegal.
Más de 1.400.000 de dólares ya desembolsó el Ministerio de Hacienda para pagar aguinaldos extras, disfrazados de gratificaciones y subsidios, entre otros rubros. A esto se suman 11 millones de dólares que están pendientes de liberación del Tesoro, tras el pedido en ese mismo orden realizado por una veintena de entidades estatales.
Estas acciones no solo contradicen una política de austeridad y racionalización de gastos de los fondos públicos, que debemos estar aplicando de manera tajante, sino que, en la coyuntura actual, se transforman en una burla para la mayoría de la gente que aporta para que el Estado funcione y cumpla con sus obligaciones y –sobre todo– cuente con recursos para atender las ingentes necesidades de millones de paraguayos en los ámbitos de salud, educación e infraestructura. Las carencias se observan a diario en nuestro país.
Y aquí no se trata de funcionarios públicos versus trabajadores del sector privado. Tampoco de los buenos contra los malos de tal o cual ministerio; ni de pretender igualar a todos hacia abajo. Hablamos de la necesidad de tomar en serio el uso racional, honesto y responsable de los aportes obligatorios establecidos por ley. Un Estado no puede gastar más de lo que recauda. De igual manera, no puede privilegiar cupos políticos y amiguismos en detrimento de la atención a su gente.
Aquí no se está acusando a todos los estatales de holgazanes o planilleros, aunque hay que reconocer que la superpoblación es una realidad palpable a simple vista; un flagelo que de manera acelerada y permanente va en aumento. Son miles los trabajadores del sector que están en el freezer, sin actividad alguna o hasta espacio físico para cumplir su horario laboral. Esto es grave. Transformar el Estado en una gigantesca oficina de subsidio por desempleo no es una vía adecuada para el desarrollo, ni siquiera a nivel personal.
Es injusto y hasta inmoral utilizar así el dinero ajeno, en detrimento de tantas necesidades. Implementar, admitir y/o callar este despilfarro, simplemente porque es “dinero público” y entonces “de nadie”, no está bien.
En este sector hay gente honesta, con capacidad profesional y laboral. Eso se sabe. Son miles, y creo que la mayoría, los trabajadores de ministerios e instituciones que tienen deseos de cumplir bien su tarea. Habría que realizar una discriminación positiva con respecto a ellos.
Pero la situación es preocupante. El Estado, con sus más de 200.000 funcionarios, incluyendo a los parlamentarios, con sus excesivos y absurdos privilegios, se ha convertido en un monstruo grande que pisa fuerte; y pisa con riesgo de provocar daños si no encuentra límites.
Por ello corresponde revisar las leyes que posibilitan este uso discrecional del dinero público; regular, controlar. Urge una reforma que analice la viabilidad de los contratos colectivos, que garantice la ejecución de concursos de méritos para el ingreso a la función pública, según necesidades específicas y no por cupos políticos. Es urgente limitar las atribuciones de los parlamentarios respecto a las contrataciones a mansalva en cada nueva administración legislativa, así como impulsar un plan de retiro voluntario, entre otras necesidades. Es cierto; hecha la ley, hecha la trampa; pero si no se toman las medidas correctivas necesarias, este gigante terminará por devorar a sus propios contribuyentes.
