La urgencia de las necesidades que enfrenta el país requiere una inmediata planificación e inicio del proceso de transición. Obviamente, las prioridades deben estar centradas en las necesidades y demandas urgentes de la población.
El crecimiento del producto interno bruto (PIB) debe generar empleos de calidad y la estabilidad macroeconómica debe tener impacto en las condiciones de vida de la población. Urge un cambio en la matriz productiva de manera a generar empleos reduciendo informalidad e incluyendo a jóvenes y mujeres.
El problema de la tierra y el impulso a la agricultura familiar son fundamentales para generar alimentos e ingresos para el sector rural, reducir la inflación y mantener la capacidad adquisitiva de los ingresos laborales, en caída desde 2014.
La mejora en los servicios públicos es determinante mejorar para la calidad de vida y aumentar la productividad. El fortalecimiento de la imagen internacional del Paraguay también debe ser una prioridad, lo que permitirá finalmente la obtención del grado de inversión.
Estos resultados en el ámbito económico exigen un cambio radical en el ámbito de lo político. Un analista ha enumerado recientemente una serie de prioridades entre los que se encuentra en primer lugar implementar una gestión democrática que considere a toda la población. No podemos tener otros 30 años de modelo autoritario. El bien común debe ser puesto en el centro de la gestión, dejando atrás un Estado que solo beneficia a los amigos
Imposible pensar en crecimiento y desarrollo sin erradicar el crimen organizado. Un pacto político con el Poder Judicial de manera a garantizar el imperio de la ley, el combate a la impunidad y penalizar la corrupción es imprescindible. Por supuesto, el Poder Ejecutivo también tiene responsabilidad ya que cuenta con numerosas instituciones dedicadas a la prevención del delito y al uso de la fuerza.
La nueva gestión próxima a asumir debe impedir el copamiento de las instituciones del Estado por parte del cartismo. No se puede destruir la institucionalidad pública para favorecer a una persona cuya situación no depende actualmente del país, sino del Sistema de Justicia de Estados Unidos de América.
La seguridad jurídica es imprescindible para el crecimiento económico, y por supuesto, a las oportunidades del desarrollo. La integración del Paraguay en la dinámica mundial debe ser a partir de sus ventajas competitivas sustentadas en una población activa y educada, viviendo en un contexto de apego a la ley, buen funcionamiento de las instituciones públicas e integridad de sus políticos y autoridades.
Ojalá el nuevo presidente sepa comprender el desafío que tiene en sus manos. El fortalecimiento de la institucionalidad, la vigencia de las normas y la eliminación de la corrupción y de la captura corporativa contribuirán a la seguridad jurídica, a la reducción de la conflictividad social y a la gobernabilidad. No habrá avances económicos si no se tienen en cuenta estos factores políticos.
