“Con este decreto reabre una profunda herida que no le trae entendimiento y armonía a la vida de una sociedad”, dijo Batlle en un artículo publicado en su cuenta de la red social Facebook.
Según explica el decreto gubernamental sancionado el 19 de mayo, el grupo de trabajo tendrá como “propósito esencial investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado o quienes sin serlo hubiesen contado con la autorización (...) dentro o fuera de fronteras, en el marco de la actuación ilegítima del Estado y el terrorismo de Estado”.
Para el expresidente, integrante del Partido Colorado, el decreto es “ilegal, inconstitucional e indigno” y además pretende descalificar a un Gobierno “democráticamente constituido”, el de Jorge Pacheco Areco (1967-1972), lo que achacó a presiones de la “izquierda extrema” dentro del gobernante Frente Amplio.
En el artículo Batlle se refiere a la guerrilla Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, cuya primera acción fue en 1962, y asegura que “si no hubiera habido un movimiento sedicioso revolucionario, no hubiera habido golpe de estado militar” en 1973.
“Este proceso violento, con robo de bancos, empresas, asaltos a mano armada, muertos por la acción de la violencia, prosiguió con creciente intensidad hasta que el Parlamento del Uruguay, elegido en forma libre, resolvió encargarle a las Fuerzas Armadas la tarea de concluir con la violencia armada del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros”, afirma.
Batlle acusó al expresidente José Mujica, al actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, “y a todos los demás” tupamaros de ser “los responsables” y “los beneficiarios” del golpe.
También le pega duro al presidente Vázquez, del que dice que en su currículum vitae “oculta lo que hizo entre 1972 al 1987".
“Razones tendrá para hacerlo. Razones que coinciden con el tiempo de la dictadura militar”, subraya.
Tras las respectivas dictaduras, Uruguay y Argentina promulgaron las leyes de caducidad o punto final que impedían investigar los abusos.
Durante el primer gobierno de Vázquez (2005-2010) se dieron los primeros pasos para acabar con la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.
