El Ministerio de Hacienda empezó ayer a socializar con el Equipo Económico Nacional (EEN) el proyecto de ley denominado “De Consolidación Económica y Contención Social”, con la idea de recoger sugerencias, hacer una revisión final y remitirlo al Congreso a fines de la semana próxima. Anteriormente, se la había nombrado como ley “De Emergencia 2.0”.
En conferencia de prensa realizada ayer, autoridades de la cartera dieron un pantallazo de lo que será la normativa que incorporará una variedad de medidas paliativas y de fortalecimiento de la recuperación económica. Del encuentro participaron el viceministro de Economía y secretario ejecutivo del EEN, Iván Haas, y el director de Estudios Económicos, Juan José Galeano.
El subsecretario de Estado adelantó que la ley tendrá tres pilares: salud, programas sociales y apoyo al sector empresarial.
Explicó que, además de los programas específicos ya dados a conocer hace días, como la reasignación de recursos para destinarlos a salud, el recorte de gastos, la exoneración de servicios básicos y los refondeos al IPS y al Fogapy, se incorporarán varias novedades.
En ese sentido, continuó diciendo que se contemplará un subsidio del 50% del salario mínimo (G. 1.095.000 en la actualidad), para trabajadores independientes formales; la creación de un fondo de USD 20 millones para la habilitación de líneas especiales para 1.000 mipymes y cuentapropistas, administrado por el BNF; y la eliminación de las multas por los cheques emitidos que no cuentan con fondos. Este paquete será focalizado, por lo que beneficiará solo a los rubros de la gastronomía, entretenimientos, hotelería, turismo y servicios.
FINANCIAMIENTO. Si bien en principio se hablaba de USD 100 millones, esta ley requerirá, finalmente, de USD 365 millones. De ese total, se prevé que USD 25 millones provengan de nueva deuda, USD 90 millones de reasignaciones y el restante USD 250 millones de una capitalización que haría Fondo Monetario Internacional (FMI) en julio.
Este último punto es una de las principales novedades de la ley. El viceministro Haas explicó que se trata de un aporte que hace el organismo, denominado derechos especiales de giro (DEG), que es una especie de moneda única que otorgará el FMI a sus socios de acuerdo con su participación accionaria. Este activo podrá ser canjeado por dinero con tesoros o bancos centrales de otros países, a quienes se abonará solamente una cuota anual del 0,5% del valor del canje.
Recalcó que no se trata de un préstamo ni tendrá un impacto en la deuda pública, ya que no tiene fecha de caducidad ni necesidad de devolución. Recordó que esto ya se dio en el 2009, durante la crisis económica mundial, formando ese aporte aún parte de nuestras reservas.
Costo. La ley requerirá de recursos por USD 365 millones.
Suspensión de gratificaciones y descuentos
El Ministerio de Hacienda informó que el proyecto de ley contemplará también medidas de racionalización del gasto, en busca de ahorrar.
El viceministro Haas indicó que la idea es darle la potestad a la cartera de reducir determinados rubros y destinarlos a los segmentos prioritarios. En ese sentido, dijo que se podrán suspender los aumentos salariales, contratos y el pago de las gratificaciones adicionales.
Asimismo, no descartó la posibilidad de aplicar descuentos a los funcionarios con salarios por encima de los G. 10 millones, como el año pasado.