Trump ha colocado a sus senadores en una posición incómoda: De ellos depende confirmar a sus nominados para que asuman el cargo, pero si se niegan, el ex presidente podría arremeter contra ellos y movilizar a la base del partido en su contra, costándoles incluso sus escaños, como ya hizo antes.
El magnate valora la lealtad por encima de todo y, en este segundo mandato, no quiere repetir los problemas que enfrentó en el primero (2017-2021), cuando dedicó enormes esfuerzos a lograr que sus nominados fueran aprobados en el Senado.
Esta vez Trump considera que cuenta con un mandato especial del pueblo estadounidense para sacar adelante su agenda: Además de garantizar una mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso, no solo ganó el voto del Colegio Electoral, sino también el popular, algo que no logró en 2016. “Siempre es bonito ganar”, afirmó esta semana en Washington ante miembros republicanos de la Cámara de Representantes, a quienes urgió a mantenerse firmes a su lado.
RESPALDO DE LAS CÁMARAS. Las primeras señales indican que tanto el Senado como la Cámara Baja parecen dispuestos a respaldarle, al menos públicamente.
“Trump tiene un plan, una misión y objetivos, y debemos apoyarle completamente, palabra por palabra”, afirmó el congresista Troy E. Nehls tras escuchar al expresidente. “Si dice ‘salta tres metros y ráscate la cabeza’, todos saltamos tres metros y nos rascamos la cabeza. Así de simple”, añadió enfático.
¿Demasiado lejos? En privado, sin embargo, algunos republicanos han expresado frustración con la exigencia de lealtad impuesta por Trump. “Quiere someternos”, señaló un legislador de la Cámara Baja al diario The Washington Post bajo condición de anonimato.
No ha habido casi críticas públicas, pero algunos senadores confesaron haberse sentido sorprendidos por la elección de Gaetz como fiscal general.
“Me sentí sorprendida”, comentó Susan Collins, republicana por Maine, quien ha roto filas con su partido en el pasado. Junto a Lisa Murkowski, de Alaska, y Mitt Romney, de Utah, ambos con posturas frecuentemente alejadas de la línea oficial, los tres podrían complicar las aspiraciones del ex mandatario.
Gaetz es una figura especialmente impopular en el Capitolio por su papel en la destitución del ex presidente de la Cámara Kevin McCarthy y por su polémico historial, que incluye una investigación federal sobre presuntas relaciones con una menor, que fue cerrada sin cargos.
Otro nombramiento que podría enfrentar obstáculos es el de Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud.
Kennedy Jr. es conocido por difundir teorías conspiratorias sobre vacunas, incluida la falsa idea de que causan autismo. Sin embargo, lo que genera rechazo entre los republicanos es su opinión sobre el aborto, ya que recientemente dijo que debía ser legal hasta el punto de viabilidad fetal, generalmente entre las 24 y 28 semanas de gestación.
RECLAMO. Mike Pence, vicepresidente durante el primer mandato de Trump y un icono de la derecha evangélica, publicó este viernes un comunicado en el que urgía al Senado a rechazar la nominación de Kennedy Jr. por sus posturas sobre el aborto, lo que podría influir en algunos legisladores.
Para ser aprobados, los nominados de Trump necesitan una mayoría simple de 51 votos. A partir de enero, los republicanos controlarán 53 escaños, y J.D. Vance, como vicepresidente, presidirá el Senado y podría desempatar en caso necesario, por lo que Trump solo puede permitirse tres deserciones.
Un plan ‘B’. Por si la disciplina falla, Donald Trump ya ha ideado un plan ‘B': forzar al Senado a declararse en receso para nombrar a los miembros de su gabinete como “interinos”, de forma que podrían estar en el puesto un máximo de dos años sin confirmación oficial.
Esta estrategia, sin embargo, no es popular entre los republicanos, ya que supondría renunciar al mayor poder del Senado: Confirmar o rechazar a los nominados por el presidente.
Pese a ello, John Thune, senador por Dakota del Sur y nuevo líder de la mayoría, se ha mostrado dispuesto a evaluarla. No obstante, ha advertido que será complicado, ya que declarar el receso requiere el apoyo de la mayoría de los senadores, un respaldo que por ahora parece incierto.
En definitiva, un laberinto de reglas que Trump intenta sortear con mayor destreza que en su primer mandato, pero cuya solución sigue estando en manos de una lealtad ciega que no está del todo garantizada.
Marco Rubio, de origen cubano y primer hispano nominado como secretario de Estado de Estados Unidos, promete reorientar la atención de Washington hacia América Latina bajo un segundo mandato de Donald Trump, en un momento crítico marcado por la cuestión migratoria, las inversiones chinas en la región y las alianzas que Pekín y Rusia van tejiendo en la región con gobiernos de izquierda. La gran promesa de campaña del presidente electo es llevar a cabo la mayor deportación de la historia del país, lo que anticipa que “Latinoamérica tendrá el papel más central en la política exterior de Estados Unidos de los últimos 30 años”, sostiene Brian Winter, experto de la organización Americas Society. Al frente de la diplomacia estadounidense, Rubio “aportará una enorme atención hacia una región que en muchas ocasiones Estados Unidos ha pasado por alto”, agrega Henry Ziemer, del centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Considerado un ‘halcón’ en política exterior, este senador de Florida nacido en Miami hace 53 años se ha distinguido por ser partidario de la línea dura con China e Irán, así como un firme defensor de Israel. También ha prestado enorme atención a América Latina, siendo un firme partidario de las sanciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua, además de crítico con los gobiernos de izquierda de México y Colombia, y simpatizante de la Argentina de Javier Milei. “Rubio ve la región con fuerte espectro ideológico: La divide entre líderes de izquierda y derecha, entre rivales y amigos”, señala Winter.
