Los gastos rígidos del Estado paraguayo tuvieron un feroz avance en la última década, según un informe elaborado para la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) por el ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira.
El documento divulgado este miércoles indica que la rigidez del Presupuesto General de la Nación (PGN) tuvo un crecimiento del 147,8% en diez años, pasando de los G. 25,1 billones (USD 3.746,3 millones al cambio actual) al cierre del 2011 a los G. 62,2 billones (USD 9.283,5 millones) al término del 2020.
Del informe también se desprende lo poco que han hecho las últimas administraciones públicas para reducir la participación de este indicador sobre el total de gastos, ya que, de representar el 75% del PGN en 2011, trepó al 77,6% a diciembre del año pasado (ver la fotografía).
Si se analiza el total de los ingresos tributarios el año pasado, se puede observar que los gastos rígidos prácticamente triplicaron los G. 22,7 billones que obtuvo el Fisco en concepto del cobro de impuestos.
Los gastos rígidos dentro del Presupuesto Público se dividen en cuatro principales rubros: remuneraciones, donde se incluyen los salarios y beneficios adiciones como gratificaciones y bonificaciones; jubilaciones, que contemplan el pago al personal público retirado; prestaciones sociales, que incluyen desembolsos en programas como Tekoporã o adultos mayores; y el servicio de la deuda, que contempla el pago del capital y los intereses de préstamos y bonos.
Este elevado nivel de rigidez va achicando cada vez más el espacio fiscal, lo que no solo limita la maniobrabilidad del Tesoro en casos de urgencia como la pandemia, sino que también disminuye la inversión financiada con recursos genuinos, empujando al Estado a seguir asumiendo deuda para costear, principalmente, obras de infraestructura.
REFORMA. La administración de Mario Abdo Benítez, a fines del 2018, creó la Comisión Interinstitucional del Gasto, con el objetivo de contener el despilfarro estatal.
A dos años y medio de eso, el Gobierno ha presentado al Congreso solamente dos proyectos en busca de disminuir el gasto: la ley de responsabilidad fiscal 2.0, que pone topes al crecimiento del gasto y la deuda; y la nueva ley de compras públicas, que se trata de una reforma del sistema de contrataciones del Estado.
Sin embargo, todavía están pendientes la ley del servicio civil, que contempla la carrera del funcionario público; y la ley de reestructuración del Estado, que incluye la eliminación de entidades y funciones superpuestas.
De acuerdo con un estudio del BID, Paraguay malgasta todos los años alrededor del 3,9% del PIB en salarios, transferencias y compras públicas. Esto significa unos USD 1.450 millones.
