Inaugura obras, visita programas de televisión locales e internacionales, encabeza actividades deportivas, realiza giras internacionales donde se reúne con autoridades y empresarios, representa al Ejecutivo en actos públicos, todas estas actividades cumplen, con una parte, de lo que usualmente hace un presidente. Sin embargo, sobre lo sustantivo, la gestión política de los actos de gobierno, la toma de decisiones, la negociación política con aliados y con opositores a su gobierno, el direccionamiento de las relaciones internacionales, la agenda parlamentaria de su bloque político, la persuasión (imprescindible en política) para convencer de sus planes y proyectos, a quienes no lo votaron, en todos estos aspectos, la ausencia del presidente es notoria. A lo mejor es una impresión, pero ¿no existe un consenso mayoritario en este aspecto?
En los últimos días, se daban a conocer los resultados de la encuesta de ICA de satisfacción sobre la gestión del gobierno, donde solo el 24% se manifestaba satisfecho o conforme con la gestión del gobierno, estas cifras pueden ser entendibles en el cuarto año de mandato, donde suele darse un desgaste natural de la imagen presidencial, pero a solo escasos meses de haber iniciado este gobierno, debería ser un llamado de atención. Los resultados de esta encuesta podrían no reflejar una realidad absoluta, pero desconocerlos directamente, podría ser a la larga peor.
Hechos políticos acontecidos en los últimos meses revelan que estamos en presencia de un presidente sin la autonomía –y el oficio de poder– suficientes como para emprender los desafíos políticos de su gobierno, no me refiero a cuestiones superficiales o baladíes del ejercicio de poder –más cercanas al marketing político, al entretenimiento o al show mediático– sino al hecho de poder constituirse, desde su liderazgo político, en una referencia medular para la gobernanza del país, tanto a nivel doméstico como en el plano de las relaciones internacionales. Este espacio, hoy, está vacante.
Paralelo a esto, se va montando un escenario cada vez más claro de sometimiento institucional a los intereses de Horacio Cartes, las voces son diversas, y muchas de ellas, sin una representación partidaria opositora, necesariamente, al Partido Colorado. Abogados independientes, periodistas, militantes sociales, y hasta ex presidentes de países de la región y líderes políticos internacionales, se han manifestado públicamente sobre las señales de riesgo al Estado de Derecho en el país. Peña es un observador pasivo.
La avanzada político-electoral –irresponsable– de su sector político por derogar el convenio internacional con la UE, la escandalosa vendetta política –inoportuna e innecesaria para su gobierno– emprendida, desde el oficialismo con ayuda de “opositores”, que culminó en la expulsión de Kattya González del Senado, el sometimiento diario del sistema judicial a los intereses del cartismo, la avanzada judicial reciente contra Abdo Benítez y prominentes ministros del anterior gobierno, igualmente inoportuna e innecesaria, han encontrado, todas las veces, el silencio cómplice del “presidente-gerente” de turno. Ninguna de estas movidas pudo ser vista como “favorable o positiva” para su gestión presidencial, sin embargo, evidencia la falta total de incidencia para lograr influir o torcer, mínimamente, alguna de estas decisiones.
Peña no se ocupa de gobernar para todos, de persuadir a sus oponentes, se aprovecha de la coyuntura que le es favorable numéricamente en el Congreso y sobre eso avanza con sus planes, su casi exclusiva interrelación se da con el sector empresarial, no establece canales de comunicación con actores sociales, tampoco con partidos de oposición, y cuando intenta hacerlo con mandatarios o autoridades internacionales es desautorizado públicamente (desencuentros con la UE, Argentina, China) gerencia un Estado disociado de las necesidades reales de la ciudadanía, y no parece estar incómodo con esta situación.
Como indiqué en alguna entrevista anterior, Peña es solo una pieza, de un engranaje mayor, sobre el cual no tiene control. Un escenario nada recomendable para un presidente que inicia un mandato, y que requiere, sobre todo, autonomía e independencia en sus decisiones a fin de acrecentar su legitimidad en el ejercicio de poder. Por otro lado, instala la duda sobre a quién el pueblo debe exigir cuentas. El modelo de representación política en el Paraguay es testigo de una nueva especie, el “presidente-gerente”.
