“No hace falta allanamiento. Los requerimientos judiciales se pueden hacer por solicitud formal”, dijo hoy Capitanich durante su rueda de prensa diaria.
Para el funcionario, el allanamiento ordenado por el magistrado Claudio Bonadío contra la empresa Hotesur, de la que la presidenta argentina es accionista, supone “una clara persecución política de hostigamiento judicial” derivado de “denuncias falsas”.
Según Capitanich, no hay documentación pendiente de entrega por parte de la empresa, como afirman representantes de la oposición impulsores de la querella que desencadenó el allanamiento, sino que se encuentra “en análisis, junto con otras 47.373 sociedades”.
La policía registró este jueves la sede en Buenos Aires de Hotesur, que controla el Hotel Alto Calafate, situado en la sureña provincia de Santa Cruz, y también se requirió información sobre la empresa al Fisco argentino.
La orden de allanamiento fue dictada tras el requerimiento de instrucción del fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la causa, a raíz de una denuncia presentada por la diputada opositora Margarita Stolbizer.
Según la querella, Fernández y otros altos cargos del Gobierno, como el ministro de Justicia, Julio Alak, presuntamente cometieron delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en la gestión de la empresa.
Stolbizer asegura que el Hotel Alto Calafate, un establecimiento de lujo situado en la villa turística de El Calafate, podría ser un alojamiento “fantasma” usado en su momento por el matrimonio Kirchner para hacer negocios irregulares junto al empresario Lázaro Baez, investigado por la Justicia.
La diputada opositora afirma que la sociedad adeuda la entrega de sus balances desde 2011 y la presentación ante la Inspección General de la Justicia (IGJ), encargada de fiscalizar las sociedades comerciales, además de irregularidades en las declaraciones patrimoniales de Fernández.
Capitanich sostuvo hoy que Hotesur no adeuda documentación a la IGJ, sino que ésta está siendo analizada en el marco de un proceso de “reempadronamiento de sociedades comerciales”, que se verá agilizado mediante un nuevo sistema informático que permitirá terminar de revisar las declaraciones juradas en abril.
Además, subrayó que “a partir del 1 de enero, comenzará a correr el plazo de 120 días, a cuyo vencimiento se presumirán inactivas con proceso judicial de pedido de disolución y liquidación las sociedades que no hayan presentado sus declaraciones juradas ante la IGJ”.
“Hotesur forma parte de las sociedades activas. No se necesita ningún allanamiento judicial porque la operatoria de la empresa es clara y transparente”, concluyó.
