“El Movimiento del 31 de marzo de 1964 es un marco histórico de la evolución política brasileña, pues reflejó las ansias y las aspiraciones de la población de la época”, dice una nota firmada por el ministro de Defensa de Brasil, general de la reserva Walter Braga Netto.
La nota, que fue leída en todos los cuarteles como “orden del día”, enmarca esa rebelión militar en el clima que el país vivía en la Guerra Fría, que “afectó todas las regiones del globo y trajo a Brasil un escenario de incertidumbre, con grave inestabilidad”.
También sostiene que el Movimiento de 1964 fue respaldado por “las familias, las iglesias, los abogados, las Fuerzas Armadas y la sociedad en general”, que “reaccionaron para restablecer el orden e impedir que un régimen totalitario fuese implantado en Brasil”.
Alude así al carácter “comunista” que los militares de la época le atribuían al entonces presidente João Goulart, un laborista mucho más cercano al ideario socialdemócrata que al marxismo que dominaba en toda la izquierda brasileña y latinoamericana.
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Según el Ministerio de Defensa, el Movimiento de 1964 “condujo a un periodo de estabilización, seguridad, crecimiento económico y madurez política, que resultó en el restablecimiento de la paz, el fortalecimiento de la democracia y la ascensión de Brasil en el concierto de las naciones”.
Agrega además que ese periodo, que no califica de dictadura, dejó “un legado de paz, libertad y democracia, valores innegociables, cuya preservación demanda de todos los brasileños un eterno compromiso con la ley, la estabilidad institucional y la voluntad popular”.
Según un informe de una Comisión de la Verdad, publicado en el 2014, los 21 años de dictadura, que Jair Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército, considera un “modelo” de Gobierno, dejaron al menos 434 muertos y desaparecidos por razones políticas y miles de casos de persecución y tortura.
Como responsables de las torturas, el informe identificó a 377 agentes de la dictadura que no pudieron ser juzgados por una amplia amnistía dictada en 1979 por el propio régimen, que benefició tanto a militares como a miembros de grupos armados de izquierdas.
