05 ene. 2025

El gran desafío de este nuevo año es vencer la corrupción

Con frecuencia, los ciudadanos tienden a considerar la corrupción como un hecho o una situación ajena a ellos. Sin embargo, la corrupción que se da de manera flagrante en el ámbito público trae consecuencias para la población, motivo por el cual no se puede considerarla como algo ajeno al ciudadano. Como dijo recientemente Vincenzo Turturro, nuncio apostólico en Paraguay, “la corrupción es robarle dinero a los pobres, es la más grande injusticia social que existe”. Por eso, el gran desafío de este 2025 debe ser la lucha contra la corrupción.

La política, como actividad, tiene por objetivo primordial y fundamental lograr cambiar, mejorar la vida de los ciudadanos; esto significa básicamente que todas las personas alcancen niveles óptimos de calidad de vida y bienestar. Cuando esto no sucede, como es el caso de nuestro país, donde acumulamos grandes deudas sociales y al mismo tiempo nos hemos ganado la reputación internacional de país corrupto, cuando todo esto sucede tan terrible y sincronizadamente, significa que algo se está haciendo mal.
Para llegar al poder, el político hace promesas de campaña, dice, como el caso del actual Gobierno: Vamos a estar mejor. La gente con entusiasmo lo vota porque sinceramente espera una mejor vida. Posteriormente, la realidad es que, en su gran mayoría solamente se enfocan las autoridades en lograr su propio bienestar, para esto operan obteniendo ventajas y privilegios para su círculo de amigos y familiares. Ejemplos concretamente los hemos visto a lo largo del año que pasó, y hoy puede parecer anecdótico, pero no podemos renunciar a señalar los hechos de nepotismo como uno de los peores vicios de nuestra clase política.

Debe entender el ciudadano que la corrupción pública no solamente empobrece, sino que los privilegios que se reparten se sostienen con el esfuerzo de trabajadores, empresarios, emprendedores y todos los que día a día trabajan y con sus impuestos sostienen el Presupuesto General del Estado. Ese plan debería dar a todos bienestar, en vez de salarios millonarios para los hijos mimados del poder.

La corrupción tiene consecuencias.

Como lo señalara recientemente en una entrevista Vincenzo Turturro, nuncio apostólico en Paraguay, existe en el país una brecha muy grande entre unos pocos que tienen muchas riquezas materiales y una gran mayoría del pueblo que vive de su propio trabajo. “Esta parte del pueblo de Paraguay encuentro que sí vive en un estado de pobreza, pero tiene una riqueza grande, que es la riqueza que viene de la fe. Claro, crea mucho dolor, mucha pena ver que un país donde no hay una población muy numerosa y que, a pesar de la riqueza que tiene en términos de recursos naturales, sobre todo alimentación, haya personas que no tienen a veces ni siquiera lo necesario para poder comer o poder vivir”.

El obispo señaló también que no se puede permitir que, campesinos e indígenas –que son como la columna vertebral de la sociedad paraguaya y marcan la identidad–, “vivan las situaciones de vulnerabilidad más graves”.

Hace exactamente un año, este diario se hacía eco de un estudio sobre los bienes de funcionarios públicos y autoridades electas. El Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) presentó ante la Contraloría General de la República, una investigación de perfiles de autoridades públicas que presentan inconsistencias, que detectó un fuerte incremento patrimonial.

La corrupción pública socava la democracia y el Estado de derecho, y para evitar eso, la clase política debe dejar de ver al Estado como un botín.

Este es el gran desafío colectivo que tenemos en este 2025. Lograr que los paraguayos y paraguayas pueden ver la actividad política no más como un medio para lograr privilegios y riquezas particulares, sino volver a ver como lo que debe ser la política, una actividad de servicio a la ciudadanía.

Porque como dijo el nuncio apostólico en Paraguay: “La corrupción es una herida muy profunda, es robarle dinero a los pobres, y es la más grande injusticia social que existe”. Porque siempre que se comete corrupción con los recursos del Estado, la víctima de ese delito es la gente, a la que se priva de bienestar, dignidad y calidad de vida.

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