Dijo que ya escuchó sesenta, y que de entre estas seleccionó aquellas que le permitieron dibujar la red de conexiones del ahora ex diputado Juan Carlos Ozorio; amenas charlas en las que el corpulento parlamentario discute con conocidos delincuentes la comercialización de droga.
Guachiré subió esas grabaciones a las redes sociales y el efecto fue demoledor. En menos de 24 horas, Ozorio fue obligado a renunciar a su banca, perdió sus fueros, fue imputado y puesto tras las rejas. No podemos sino celebrar la celeridad, el curso de los acontecimientos y su ejemplificador epílogo.
Quedan, sin embargo, flotando en el ambiente algunas preguntas perturbadoras: ¿de dónde salieron las mil grabaciones que Guachiré dice tener en su poder? Si a él le acercaron mil –que supongo son las que contienen alguna revelación importante– ¿cuántas más habrá? ¿Con qué objetivo se hicieron estas grabaciones, quién o quiénes las hicieron y cómo?
Una hipótesis inevitable es la de suponer que el equipo y el personal de inteligencia encargado de este trabajo opera para Horacio Cartes. Es una sospecha obvia porque hasta ahora las filtraciones les pegaron exclusivamente a sus enemigos políticos; porque la tecnología necesaria para realizar este tipo de espionaje generalmente solo se vende a organismos del Estado (y él fue presidente de la República), y porque para operarlo se requiere de un fuerte financiamiento (lo que jamás podría ser un problema para el tabacalero) y de personas adiestradas en su uso, como los funcionarios de organismos de inteligencia que dejaron la administración pública y hoy trabajan para él.
Pero esta es solo una hipótesis. La verdad es que no sabemos quién está haciendo estas escuchas, quiénes podríamos estar siendo escuchados y grabados ni con qué fines. Repito; es simplemente perturbador. Suponer que personas ajenas a uno pueden estar escuchando nuestras conversaciones privadas, enterándose de cuestiones que hacen a nuestra intimidad, de nuestros afectos y desafectos, de nuestras broncas y malquerencias. Negociaciones empresariales, acuerdos políticos, chismes de barrio, infidelidades… todo puesto en bandeja para que quien financia la operación o compre la información obtenida la use como se le antoje.
No es un accidente la contundencia de los últimos disparos efectuados con esta información privilegiada. Aclaro que ningún periodista del mundo dejaría de publicar la información si esta demostrara una situación irregular que fuera de interés público o revelara la comisión de un delito. La cuestión es qué hace el Estado con respecto a que alguien está grabando conversaciones.
Algunos pusieron énfasis en la responsabilidad de la prensa con respecto al uso de la información obtenida de manera ilícita. Me parece que ese enfoque desconoce el rol principal de la prensa. Si se cometiera un asesinato en un motel y llegara a mis manos la grabación del crimen obtenida mediante el uso de cámaras colocadas ilegalmente en el lugar, haría pública la información sin dudarlo. Más aún si la filmación permitiera identificar al asesino.
Sería responsabilidad del Estado investigar quiénes colocan cámaras en los moteles y con qué fines. La prensa no es la Fiscalía. No tiene que demostrar jurídicamente la culpabilidad de nadie, solo tiene que poder sustentar con pruebas lo que afirma. Las grabaciones de las conversaciones de González Daher demostraron claramente cómo operaba el político para torcer la Justicia. En términos políticos y para la opinión pública su responsabilidad era irrefutable. Probarlo y condenarlo en un juicio es otra cosa. Es tarea de jueces y fiscales.
Las revelaciones recientes, intencionadas o no, probaron hechos reales y es saludable que hayan tenido consecuencias. Pero, eso no quita que el Estado deba investigar quién o quiénes están detrás de las escuchas, quién es hoy en Paraguay el “Gran hermano”.
