Apoderarse de las frutas le costó más de un mes de arresto en la Comisaría y a partir de ahora una prisión preventiva en la hacinada cárcel de Tacumbú tras ratificación de un juez. Esta celeridad se observa unas semanas después del sobreseimiento de Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod por lesión de confianza por el multimillonario desvío de fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este y tras la libertad ambulatoria otorgada al ex senador Óscar González Daher, imputado por asociación criminal y tráfico de influencias en el famoso caso de los audios filtrados, pero también coincide con la publicación de miles de declaraciones juradas de autoridades, donde a simple vista hay incongruencias y los organismos contralores no logran mostrar capacidad para procesar los documentos y determinar los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, evasión de impuesto y otros.
Es una Justicia discriminativa al lanzar todas las cartas para oprimir a la población más vulnerable de la sociedad y no jugar con las mismas herramientas contra los poderosos de maletín. Es la misma Justicia que se vio presionada para imputar tardíamente a ocho personas por violar la cuarentena en una boda glamurosa y atropellar una vivienda en el momento exacto en que se desarrollaba, en otra ocasión, una humilde celebración.
La defensora pública, Blanca Ramírez, sacó a la luz algunos detalles de la vida de Armando: Tiene 40 años, es vendedor ambulante y tras la muerte de su hija es el sostén de su nieto. Pero el contexto poco importa al momento de impartir justicia a los pobres y ahora Armando forma parte de una población carcelaria de casi 16.000 personas, mientras que la capacidad es prácticamente la mitad. Debido a la innegable aglomeración como resultado de un abuso de la prisión preventiva, este grupo es vulnerable a cualquier enfermedad infectocontagiosa, hecho que ya se demostró con el Covid-19 en la Penitenciaría de Ciudad del Este.
Es difícil dar la razón al juez que aprobó la privación de libertad cuando la legislación paraguaya establece que la medida debe dictarse cuando sea indispensable y si reúne requisitos como; la convicción de existencia de un hecho punible grave, que tenga antecedentes y que haya un peligro de obstrucción o fuga de por medio.
La abogada también recordó que hace varios años fue denunciado por violencia familiar y que en esa ocasión hubo “conciliación”, figura que afortunadamente ya no se admite con la ley 5.777 de Protección Integral a las Mujeres. No dio detalles de esta causa, pero vale mencionarla porque no hay intención de encubrir algún hecho punible, sino de demostrar cómo se actúa de manera desproporcionada según la condición económica del afectado.
El caso de Armando es similar al del ladrón de mandarinas en el 2017 pero con un final diferente. Aquel relato empezó con un hombre armado, que en realidad era un adolescente que cometió el “crimen” de arrancar mandarinas y limones para su familia de los árboles que estaban en la propiedad del entonces candidato presidencial Mario Abdo Benítez.
A pesar de que la ley tiene cláusulas especiales para los menores de edad, en aquella ocasión el joven igualmente fue esposado y llevado a una Comisaría, donde tras el visto bueno de Abdo Benítez, fue liberado. Tuvo la “fortuna” de coincidir con una campaña electoral que miraba al sector empobrecido como una estrategia propagandística. Así vimos al candidato revictimizando en una precaria vivienda al adolescente, quien sin saberlo estuvo a un paso de la misma experiencia que Armando.
