07 nov. 2024

El mártir, el olvido y la Justicia que tarda

En unos días más se cumplirán dos meses del atentado que segó la vida física del fiscal Marcelo Pecci; en que tres certeros balazos hicieron añicos los sueños de familia que forjó con su esposa, Claudia Aguilera, y el hijo que está en camino, que llevará su mismo nombre, pero al que no podrá conocer.

Cerca de 60 días pasaron sin que se tengan novedades acerca de los que dieron la orden para que un sicario empuñe un arma para descargarle tres balazos mortales ni de los que idearon el atroz crimen.

Promesas de justicia cargadas de frases melifluas, lágrimas de cocodrilo y muchas otras manifestaciones de dolor, se vieron en los primeros días del atentado, pero luego todo eso se fue diluyendo de a poco, yendo al escabroso terreno baldío del cementerio del oparei, donde se sepultan los hechos importantes.

“El sacrificio de Marcelo Pecci, primer mártir de la Justicia paraguaya no debe quedar impune”, decía el diputado colorado Raúl Latorre, del movimiento Honor Colorado. “Con la ayuda de las autoridades vamos a llegar a los responsables de esto. El fiscal Marcelo Pecci no solo es un héroe, es un mártir, y lo acontecido no nos va a amilanar. Sentimos profundamente lo que pasó”, dijo, a su vez, el ministro del Interior, Federico González.

Hubo mucho ruido, al principio, pero pocas nueces; hasta ahora no hay noticias de los autores morales. Si lo saben, no lo dan a conocer.

Una de las hipótesis que se manejan es que el atentado fue planeado por organizaciones criminales que operan en Paraguay y que la orden se dio desde nuestro territorio.

Se realizaron algunos allanamientos en la Agrupación Especializada buscando algún indicio de los autores intelectuales, pero no hubo nada.

Fue un mensaje contundente del crimen organizado, dando señales de su poder y la respuesta que dan las instituciones encargadas de la investigación, es de una pasividad que causa impotencia.

Da la sensación que las mafias pueden hacer lo que se les da la gana, porque todo quedará impune.

Días después de lo que pasó con Pecci, arribó al aeropuerto Guaraní de Ciudad del Este, un avión venezolano-iraní, con 18 tripulantes, muchos de ellos, considerados terroristas. De acuerdo con la denuncia de la Secretaría Anticorrupción, sus ocupantes se alojaron en un hotel de CDE y llevaron cajas de cigarrillos fabricados en el país, al mercado de Aruba.

El hecho de por sí es sumamente grave, no así para el Ministerio Público que tardó un mes en realizar un allanamiento en la terminal aérea. Por estos días, están analizando la situación y no hay procesados.

Lo mismo pasa con denuncias de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que detalla un informe de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero.

Mientras las organizaciones delictuales están apretando el acelerador, mueven una estructura asombrosa, se pasean en un Ferrari y las instituciones que las tienen que combatir todavía están colocando las coyundas a los bueyes de su carreta. La diferencia es demasiado grande y da la sensación que la derrota es irreversible.

En Colombia, donde sucedió el asesinato de Pecci, ya cumplieron con su parte, con la detención de cinco sospechosos de haber llevado a cabo el plan, entre ellos, el supuesto sicario que mató al fiscal. Se recogieron más de 100 pruebas en contra de los sospechosos, que ya están tras las rejas, días después de haber ocurrido el hecho.

Todas las semanas se realizaban ruedas de prensa para informar de las novedades.

Las instituciones paraguayas tienen la obligación de hacer lo propio e identificar a los que dieron la orden para el magnicidio, si es que se realizó desde el país, y hacer que caiga sobre ellos el peso de la ley.

De lo contrario, todo quedará en palabras que se irán perdiendo con el tiempo en nuestra frágil memoria colectiva.

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