Aproximadamente dentro de un mes, todas las instituciones educativas escolares del país estarán iniciando el nuevo curso académico. Las máximas autoridades de la educación nacional, el presidente de la República y el ministro de Educación y Ciencias, con el Ministerio a su cargo, se encuentran desafiados por el grave problema que tiene Paraguay: según el último informe internacional de PISA, sobre el estado actual de la educación nacional: entre ochenta países, Paraguay queda clasificado el segundo peor del mundo; solamente Camboya está peor que nosotros.
Obviamente, este Gobierno no es responsable de este estado desastroso de la educación nacional, la ha recibido hundida en el pozo y embarrada.
Este Gobierno lleva solo cinco meses al servicio del pueblo paraguayo, tiempo suficiente para que cada ministro y el presidente conozcan bien dónde están parados y empiecen a enfrentar sus respectivas responsabilidades.
Entre los grandes desafíos que debe afrontar (extensión de la pobreza, inseguridad, salud, corrupción, narcotráfico, crimen organizado, desempleo...) la profunda crisis de la educación es el mayor, porque la educación es la clave y fuente indispensable del desarrollo humano y sin desarrollo humano no es posible ningún otro desarrollo, ni el económico, ni el social, ni el cultural, ni el político, ni el moral, etc. Es decir, con esta pésima educación nacional, Paraguay tiene asegurado en un futuro próximo un alto crecimiento de pobreza y marginalidad con sus graves consecuencias de crisis de convivencia e inestabilidad social y política.
PISA nos dice que nuestros estudiantes de instituciones educativas del Estado prácticamente están todos aplazados, que a los quince años no tienen lectura comprensiva. Los padres y madres que tienen hijos en edad escolar y los ciudadanos que amamos realmente a Paraguay nos preguntamos qué ha pasado, ¿por qué estamos tan mal, cuáles son las causas verdaderas, reales?
Suponemos que las causas son varias y complejas, por eso le pedimos al Gobierno y al Ministerio que enfrenten este gravitante desafío con urgencia, competencia y honestidad, porque está en juego el derecho y el bien fundamental de los hijos y educandos del presente y el futuro de la nación. No queremos que el Ministerio de Educación y Ciencias se convierta en fábrica de producir incompetentes, por tanto, de pobres, que pueden derivar en delincuentes, buscando cómo sobrevivir y amenazando de hecho la seguridad y la convivencia pacífica y armónica de todos.
Para sostener nuestra esperanza en la gestión de este Gobierno, esperamos que las máximas autoridades de la educación nacional pongan urgentemente al Ministerio de Educación y Ciencias dentro del ordenamiento jurídico de nuestra democracia y deje de ignorar disposiciones explícitas en no pocos artículos de la Constitución Nacional y algunas leyes.
Pensamos que la educación jamás podrá ser de calidad y democrática, mientras se mantenga al margen de la Constitución Nacional y las leyes.
En el necesario y apremiante proceso de reconstrucción de la educación nacional es muy importante que el presidente de la República y el ministro de Educación con el Ministerio recuerden que el artículo 76 de la Constitución Nacional y el artículo 12 de la Ley General de Educación disponen que las Comunidades Educativas de las distintas instituciones educativas, constituidas institucionalmente tal como las define el artículo 11 de la Ley General de Educación, tienen el derecho y el deber de participar, junto con el Estado, “en la organización del sistema educativo”.
