El ex intendente de Asunción será procesado por una supuesta recaudación paralela durante su administración.
De acuerdo al acta de imputación al que accedió ÚH, el procesamiento se da luego de la denuncia realizada por Camilo Soares, ex aliado político del ahora imputado, el pasado 27 de noviembre de 2019, donde afirmaba que en la Municipalidad de Asunción funcionaba una caja paralela de recaudación en contratos de adjudicación con la firma Empo, Parxin, Ivesur y Tx.
La denuncia de Soares citaba que Ferreiro cayó en delitos de cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, soborno, coacción, coacción grave y tráfico de influencias.
Luego de esta presentación, la fiscala Cano fue designada para la investigación y como una de las primeras medidas allanó las oficinas administrativas de la Municipalidad de Asunción, llevando varios documentos.
“Las víctimas y testigos aseveran que él (Ferreiro) sabía de la actividad desarrollada en forma paralela”, había dicho la fiscala Cano cuando fue consultada por los medios.
otros imputados. Las versiones que fueron presentadas a la Justicia apuntan a hombres de confianza del ex intendente, como Marcelo Mancuello, que era su jefe de Gabinete; Aureliano Servín, ex jefe de Recursos Humanos; la ex diputada Rocío Casco, junto a Mauricio Ferreiro Paz y Fernando Arturo Ferreiro Ayala, sobrinos del también presentador de televisión y disc- jockey, quienes presuntamente manejaban la estructura.
El pasado jueves, Mario se presentó ante el Ministerio Público para prestar declaración y afirmó que es una persona de bien, que está sufriendo una persecución política.
Defensa. “La imputación formulada en mi contra en la noche de hoy sábado es consecuencia de una estrategia pergeñada desde altos niveles. Pronto estaremos evidenciado el plan y sus gestores. Toda la verdad será revelada más temprano que tarde.”, mencionó Mario, ni bien salió a la luz la noticia, a través de las redes sociales.
Por la coacción, Ferreiro se expone a dos años de cárcel o multa; en el caso de la coacción grave, la pena es de hasta tres años si se da que el imputado haya abusado considerablemente de una función pública. Con respecto a la lesión de confianza, la pena es de cinco años de cárcel o multa mientras que en el tráfico de influencias, se expone a cinco años.