La fiscala general de Estado, Sandra Quiñónez, informó que el Ministerio Público será auditado por la Contraloría General de la República (CGR) para el fortalecimiento de la Fiscalía. En la ocasión también se firmó un convenio de cooperación entre las instituciones.
La Fiscalía mencionó que esta es la primera vez que el Ministerio Publico abrirá sus puertas a una auditoría de gestión. Mientras que la Contraloría destacó que con este paso se deja atrás una histórica resistencia para que se auditen sus cuentas.
Sobre el convenio firmado entre las instituciones, Quiñónez manifestó que mediante el acuerdo se va a mejorar el trabajo que ya se venía realizando con la Contraloría.
“Lo que vamos a lograr con esto es agilizar los trabajos de investigación que tiene que realizar el Ministerio Público y hoy lo vamos a hacer ya de una manera coordinada con esta institución de control”, indicó.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEntre otros beneficios, la fiscala general señaló que se tendrán informes de la Contraloría como los que precisa el Ministerio Público. “Vamos a evitar dilatar las investigaciones al recibir los elementos que necesita la Fiscalía para seguir su investigación”, apuntó.
En el documento, firmado también por el contralor Camilo Benítez, se plantean “complementar sus acciones de prevención e investigación, y lograr la sanción de las conductas que afecten los intereses patrimoniales del Estado”.
Uno de los principales compromisos es coordinar esfuerzos en el control e investigación de los gastos efectuados con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), dentro del ámbito de competencia de cada institución.
Por su parte, la CGR se comprometió a optimizar la labor de control en lo referente a los indicios de hechos punibles, y el Ministerio Público a disponer los medios a su alcance para colaborar con el ente contralor en capacitación, análisis de casos, métodos de investigación y ayuda técnica.
Igualmente, ambas partes asumen la responsabilidad de fortalecer los procedimientos de examen de correspondencia del patrimonio de los funcionarios públicos mediante métodos de investigación y criterios técnicos armonizables.
