Autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se reunieron ayer con los dos consorcios que fueron contratados el año pasado, para la limpieza del canal del río Pilcomayo. Las firmas cobraron millonarias sumas sin haber realizado los trabajos como estaba establecido.
Se trata del consorcio Talavera & Ortellado Construcciones (Tocsa) junto con Vial Sur, que cobró G. 15.000 millones, y el consorcio Margariño, que percibió otros G. 10.000 millones. Los datos se desprenden del informe de la auditoría que ordenó realizar el ministro Ramón Jiménez Gaona, ante la falta de resultados de la Comisión Pilcomayo.
Durante el encuentro, la intención de las firmas era negociar la ejecución total del contrato, que tiene un remanente del 50%. Sin embargo, el MOPC ya pasó el tema a instancia de sus abogados, después de que ayer no se haya llegado a un acuerdo. Aunque no quisieron admitir que rescindirán de los contratos, anunciaron que la prioridad es hacer otro llamado, para que el agua pueda ingresar al Pilcomayo en noviembre.
“No estamos en etapa de rescindir el contrato, pero el MOPC le va a notificar oficialmente sobre los resultados de la intervención (auditoría). De todas maneras, la Comisión Pilcomayo, en paralelo, independientemente a esto, trabajamos ya en las necesidades de las obras inmediatas, para que el agua entre en la próxima riada”, expresó el director de la Comisión Pilcomayo, Óscar Salazar.
Al mismo tiempo, dijo que está preparando la licitación para el cambio de la embocadura y las demás obras que se tengan que hacer. “No puedo esperar que hayan definiciones ni con el contratista, ni nada, todo lo demás tendrá que hacerse en paralelo. Incluso hoy (por ayer) he empezado ya a tomar contactos con nuestros pares argentinos, porque estas obras tienen que ser binacional. Si los paraguayos fuimos capaces de trabajar en Itaipú Binacional, entre dos países y en temas mucho más grandes, en el tema del Pilcomayo podremos llegar a un acuerdo”, expresó.
Versión de un consorcio. A su turno, Gustavo Arroyo, representante jurídico de Tocsa y Vial Sur, dijo que se abrió una mesa de negociación y que están “abiertos” a la posibilidad de ejecutar las modificaciones técnicas que pretenda hacer el Ministerio, refiriéndose al remanente actual que no se ejecutó.
“La empresa está contratada para ejecutar algunas series de ítems que están previstos en el contrato y de manera unilateral se puede salir de ese esquema. Hay un remanente y existe la posibilidad de hacer una reprogramación de ese remanente, para atacar una crisis que es la que desató a consecuencia del agua, pero esas son definiciones que el Ministerio tendrá que hacer”, expresó.
Aseveró que la empresa no cree que haya causales para la recisión del contrato, ya que afirmó que cumplieron con las obras. Además dijo que se abren a la posibilidad de una recisión por mutuo acuerdo.
Recordemos que de acuerdo con la auditoría, las empresas no excavaron la profundidad necesaria. Llamativamente adelantaron considerablemente los trabajos respecto al cronograma de ejecución, justamente para acelerar los cobros por los avances “acelerados” que certificaron.