La sanción ficta de una expropiación de costas tierras del Ministerio de Defensa a favor de la Municipalidad de Villa Hayes, con el fin de transferir a título onerosos a los ocupantes actuales, generó un debate sobre la mala adjudicación de tierras a beneficio de personas con gran poder adquisitivo.
Incluso, luego de conocerse la lista de beneficiarios con la expropiación, la Procuraduría General de la República tuvo que llevar adelante una demanda judicial para recuperar las 131 hectáreas de la finca 916, porque se trataba de un caso de “ocupación vip”.
En medio de este conflicto que sacude las redes sociales, Última Hora conversó con dos expertos en el área, a fin de profundizar en el problema de la tierra en Paraguay, cuyos orígenes se remontan a la conquista de la corona española y que se acrecentó mucho más durante la dictadura de Alfredo Stroessner.
Monseñor Mario Melanio Medina, presidente de la Comisión Verdad y Justicia, afirmó que para los “poderosos” es fácil vender tierras públicas porque “se fabrican documentos (títulos de propiedad)”.
“Es fácil en Paraguay vender tierras ajenas, sin documento válido”, afirmó y denunció que para lograr ese negocio se “inventan documentos, se fabrican”, sostuvo.
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Recordó que en el 2008 presentaron un informe ante los tres poderes del Estado sobre tierras malhabidas, a fin de que se investiguen las adjudicaciones ilegales que se dieron con venia del general Stroessner.
Si bien el estudio tiene datos hasta el año 2003, de hectáreas distribuidas ilegítimamente a personas que no estaban sujetas a la reforma agraria, el obispo no descarta que las “ocupaciones vip” en las valiosas tierras del Estado sean producto de una adjudicación ilegal a los “amigos” de la dictadura, entre ellos, militares y políticos.
“Son tierras que se han adjudicado en esa época (durante el régimen stronista) a personas, como ahora en Remansito están esos poderosos, como se dice, ocupación vip”, subrayó.
En opinión de Melanio Medina, en ese negocio de compraventa de tierras públicas estarían involucradas las autoridades municipales de periodos anteriores y el actual.
“Los que han delinquido son las autoridades municipales (de Villa Hayes) de la época de entonces y de ahora. Como están diciendo, ahora aparecen los personajes que han vendido a esa gente y esos compradores han comprado sabiendo o creyendo que eran de la Municipalidad”, señaló.
En el informe de la Comisión de Verdad y Justicia se descubrieron que la IBR, actualmente Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), adjudicó en total 7.753.594 hectáreas malhabidas, de las cuales 6.744.005 hectárers se dieron durante la dictadura y 989.589 h posteriores a la caída del régimen.
El documento también introdujo 273 recomendaciones; sin embargo, a 15 años de se presentación, “nada se hizo con respecto a las reivindicaciones a las víctimas”, sostuvo Melanio.
Lamentó que, pese a los reiterados pedidos, nunca se haya tomado en cuenta las recomendaciones “ni en el gobierno de (Fernando) Lugo y menos todavía en los siguientes gobiernos”.
Melanio, incluso, mencionó que en esa investigación de la Comisión descubrieron tierras con hasta 11 títulos de propiedad encimados y rememoró las veces que pidió al titular del Indert de ese entonces poner abogados especiales para encontrar a los dueños legítimos, pero recibía la respuesta de que “no tenemos presupuesto”.
Si no se regularizan tierras malhabidas “no habrá paz”
El monseñor espera que el conflicto que se generó por las tierras en Remansito, “porque eso también es tierra malhabida para los poseedores actuales, es una posesión ilegítima”, sea el inicio para que el nuevo Gobierno regularice la distribución de terrenos públicos.
La recomendación número 75 pedía como medida a la devolución de bienes “proceder de manera similar a la recuperación de las tierras malhabidas con los demás bienes malhabidos por los personeros de la dictadura o sus prestanombres, que puedan ser identificados con base en una investigación del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República, a fin de que el Estado pueda recuperarlos e ingresarlos a Rentas Generales de la Nación”.
Melanio aseguró que sin un proceso de regularización de tierras “nunca vamos a tener paz y vamos a tener guerra”.
“Las autoridades tienen que hacer eso, empezando por el Indert. Estamos desorganizados en ese sentido y en Paraguay lo ilegítimo se vuelve normal, lamentable”, enfatizó.
Vender tierras sin títulos es una práctica común
El abogado e investigador de Base Investigaciones Sociales Abel Areco expuso que la “compraventa de tierras sin contar con un título de propiedad es una práctica común en Paraguay y se da en todos los ámbitos prácticamente”, sea campesino, indígenas o con personas de gran caudal económico.
El “negocio”, explicó, se da cuando aquellas personas que pueden adquirir inmuebles en el mercado comercian “con tierras que son destinadas para otros fines, como programas sociales o de la reforma agraria”.
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Indicó que se trata de lotes fiscales “que deberían estar para la utilidad de la gente de campo, para el arraigo, para la producción de autoconsumo; sin embargo, queda en manos de gente de mucha plata sin reunir con los requisitos para ser beneficiados de esas tierras, pero ellos lucran con esas tierras”.
El “despilfarro de tierras que hubo durante la época de la dictadura”, que se descubrió el informe del 2008, sigue incluso después de la presentación del documento, opinó.
Leyes desfasadas
“Urge una modificación de la ley porque hoy en día es imposible ejecutar la reforma agraria así como está contemplado en las leyes actuales”, consideró Areco.
Explicó que uno de los mecanimos para recuperar las tierras malhabidas es a través de la expropiación; pero, las que son impulsadas por el sector vulnerable “fueron rechazadas con el argumento de que la tierra ya no son improductivas, sino que son productivas”.
Esto pasa porque todas las tierras son para uso ganadero o para cultivos agrícolas commodities, “por tanto el argumento de latifundio improductivo queda desfasado, se tiene que actualizar, se tiene que cambiar ese requisito para la expropiación”.
Asimismo, lamentó que desde el Estado no se haya avanzado en la reparación de los daños causados por la dictadura, en ese aspecto, “ni siquiera se profundiza el análisis para la recuperación de las tierras malhabidas”, manifestó.
Muchos dueños que cuentan con propiedad presuntamente ilegítimas alegan en el ámbito judicial “que son poseedores de buena fe”.
Para Areco, se deben tener en cuenta otros criterios legales o generar otras leyes cuando se trata de tierras mal adjudicadas, porque esos despojos se dieron “en el marco de una violación masiva de derechos humanos”.
Además, afirmó que es difícil alegar un “desconocimiento” con relación a los orígenes de las tierras, ya que hay un informe de la Comisión de Verdad y Justicia que reveló las más de 7 millones de hectáreas malhabidas.
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Areco puntualizó que sin una política agraria, de redistribución de tierras y programas sociales de vivienda, “un gran sector de la sociedad paraguaya no va a poder acceder a una vivienda digna”.
Sostuvo que la mayoría de los ciudadanos cuentan con un trabajo informal, cuyos ingresos solo alcanzan para el día a día, no para adquirir tierras del mercado y con los valores actuales.
“Plantear que la gente va a poder adquirir tierra con lo que gana es irracional, porque uno va a terminar trabajando toda su vida y no va a poder adquirir tierra. La mayoría trabaja para el día a día”, afirmó.
La desigualdad en acceso a la tierra y vivienda irá aumentando, y serán “muy pocas las personas que tendrán las condiciones de comprar de las inmobiliarias y gozar así de su derecho a una vivienda digna”, de acuerdo con Areco.
Derogar Ley Riera-Zavala
Tanto Melanio Medida como el abogado de Base Investigaciones Sociales coincidieron en que es necesario derogar la Ley Riera-Zavala, aprobada en el 2021 y que criminaliza las ocupaciones.
“Hay que derogar esa Ley Riera-Zavala, porque eso se aplica a los pobres nomás y no a los poderosos. Hay que derogar y comenzar a hacer en forma la reforma agraria”, sostuvo Melanio.
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En tanto, Areco señaló que el Estado, del Ministerio Público y los Juzgados “son más efectivos si se trata de gente humilde ocupando una tierra privada o pública”.
Areco dijo que el violento desalojo de un terreno de Copaco, en la ciudad de Luque, ocurrido en el 2019, “es un ejemplo de cómo no se le tolera a cierto grupo; sin embargo, el Estado es mucho más complaciente con otras capas sociales y por sobre todo con la gente que no necesita, con gente que no debería estar comerciando o sacando beneficios de las tierras públicas”.
