Juan Carlos López Moreira es jefe de Gabinete Civil de la Presidencia y desde octubre pasado, coordinador de la política energética del país. A la vez, es accionista de President Energy, la principal empresa buscadora de petróleo en el Chaco. Esto choca directamente con convenios internacionales anticorrupción ratificados por Paraguay que buscan prevenir el conflicto de intereses en el sector público. Asimismo, el Código de Ética del Poder Ejecutivo también prohíbe este tipo de hechos en los funcionarios públicos.
La Convención Interamericana contra la Corrupción establece que los Estados partes aplicarán “normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas” y señala que “estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones”.
Por su parte, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción dispone que cada Estado parte “procurará adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas”.
Por otro lado, el artículo 24 del Código de Ética del Poder Ejecutivo –vigente desde el 2012– se refiere específicamente al conflicto de interés.
“Los sujetos obligados no utilizarán sus prerrogativas ni invocarán su calidad de autoridad o servidor público para favorecer indebidamente intereses personales o económicos propios o de sus familias. No intervendrán en ninguna operación, ni ocuparán ningún cargo o función, ni tendrán interés económico, comercial o semejante que sea incompatible con su cargo, funciones u obligaciones o con el ejercicio de estas”, señala el Código de Ética. Previamente define como “sujeto obligado” a aquellos en puestos de conducción política, cargos de confianza y servidores públicos.
“TRANQUILO”. Para López Moreira, no hay ningún conflicto de interés porque desde que ocupa un cargo público nunca favoreció en alguna decisión a President Energy.
“Si tomo una decisión a favor de mi empresa sí sería un conflicto de interés, pero si no tomo una decisión a favor de la empresa no veo cómo puede afectar mi nombramiento. Yo estoy demasiado tranquilo con mi conciencia, porque no hice nada malo”, aseguró.
Durante el gobierno de Fernando Lugo, la firma LCH SA, entre cuyos accionistas figuraba López Moreira, consiguió su primer contrato de prospección en el bloque Pirity (Boquerón).
En junio de 2014, ya cuando López Moreira estaba en el gobierno, la compañía multinacional President Energy compró el 100% de las acciones de LCH SA, que tenía el 5% de los derechos de exploración del bloque.
El acuerdo consistió en el pago de USD 250.000 a los accionistas de LCH SA y la entrega de 5.103.429 acciones de la propia matriz de Londres. Así, el jefe de Gabinete se convirtió en dueño de acciones valuadas en USD 5 millones de President Energy. Esta compañía cuenta actualmente con permiso para exploración de petróleo en cuatro bloques, todos en el Chaco paraguayo.
