En abril pasado, el presidente Santiago Peña intentó mejorar su comunicación con la incorporación de una vocera y un asesor.
No obstante, el ala mediática del cartismo siguió operando en paralelo con agenda propia, apoyando o presionando a Peña.
Pese a ello, la vocería se limitó a la propaganda y a la transmisión de datos relativamente sin importancia.
Desde hace meses, muchas de las noticias que deberían ser relativamente importantes para el Ejecutivo son dadas a conocer solo por las redes sociales del mandatario sobre todo a través de la plataforma X.
Un punto no menos importante tiene que ver con la escasa información que se brinda durante los reiterados viajes que realiza el mandatario al exterior.
Asimismo, varias leyes enviadas para su promulgación o veto al Ejecutivo no tienen el seguimiento necesario y uno solo puede acceder a ellas tras publicarse en la Gaceta Oficial.
Es el caso de la ley de jubilación vip, que el Gobierno insólitamente no dio a conocer la promulgación, sino hasta después de haberse publicada en la Gaceta.
Semanas atrás, Peña terminó cediendo la pretensión de sus aliados y, prácticamente, como si fuera un acto de mero trámite, promulgó una reprogramación de G. 3.500 millones para la cuestionada jubilación parlamentaria vip.
Otro caso guarda relación con un anuncio brindado la semana pasada por el Gobierno, finalmente, el Ejecutivo decidió no retirar la candidatura del ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, al cargo de secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), periodo 2025-2030
Días antes, el vicecanciller José Verdún anunció en la 55ª Asamblea Extraordinaria de la Organización, en Washington, que Paraguay analizaba el retiro de la candidatura a la Secretaría General del canciller Ramírez Lezcano. El motivo expuesto fue el desacuerdo del Estado paraguayo con el presupuesto de la OEA para el 2025, que fue aprobado con 31 votos a favor, 1 en contra y 1 país ausente. Otro tema relevante y del cual el Ejecutivo se mantuvo en silencio es referente a la ley de control a oenegés, también conocida como ley garrote.
Resulta que cuando se pensaba que la ley aprobada a rajatablas en el Congreso se encontraba ya en manos de Peña, aunque el documento todavía no está en manos del presidente. El cartismo al parecer le está dando su tiempo al Ejecutivo para decidir sobre el tema, atendiendo la gran polémica que se gestó y la repercusión que tuvo, poniendo entre cuerdas al jefe de Estado.
Ala cartista. El ala de comunicación del cartismo también puede ser agresiva con el presidente. Los medios ligados a este sector le hacen llegar sus críticas.
No solo los medios, Peña debe sostener su propaganda en medio de los ataques de un ejército de perfiles de redes sociales, falsos o reales, que operan de forma coordinada para halagar a sus aliados o atacar a sus enemigos, y que son manejados desde una agencia del cartismo.
