Con esta propuesta se pretende fusionar tres instituciones: Registros Públicos (DGRP), el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia (DAG).
De esta forma, el RUN sería como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia.
No es la primera vez que los notarios salieron a las calles para cuestionar la iniciativa, que es defendida por el oficialismo cartista. Ya se manifestaron en las cercanías de Mburuvicha Róga y también frente a la sede de la Dirección de los Registros Públicos.
Desde el Colegio de Escribanos del Paraguay, Ana Mendoza de Acha comentó que plantearon 180 modificaciones de los 203 artículos y reclama que no se haya instalado una mesa técnica para hablar del tema.
La ex senadora sostuvo que todo se centra en el Poder Judicial, y la Corte llevará a cabo “esa doble actividad de ser administradora de justicia y también dedicarse a la parte administrativa”.
Mencionó que, paralelamente, se presentó un proyecto de aumento de tasas judiciales, y se encarecería el costo de las escrituras. El Colegio de Escribanos había solicitado la prórroga sine die (sin fecha) del estudio del proyecto porque se requiere de más tiempo para el abordaje del tema. Sin embargo, su reclamo no fue escuchado.
Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina (FNC), cuestionó la propuesta legislativa, ya que a su consideración se pretende legalizar las tierras malhabidas en todo el país.
“Para nosotros, esto es, más que nada, un proceso de legalización de toda la tierra malhabida que actualmente no está en manos de los sujetos de la reforma agraria. Además, otros se van a apropiar de las tierras, tanto de las tierras públicas que están bajo control del Indert, como de algunas comunidades que no han sido regularizadas. Existen muchas tierras en manos de pequeños productores que no están siendo legalizadas”, indicó.
Sin embargo, el sector empresarial considera, y ve con buenos ojos, la propuesta que se busca definir en el Congreso. Así lo señaló Claudia Ruser, empresaria vinculada al sector de la Soja. “El calvario que sufre quien tiene una propiedad es inmenso; a veces, no sabés si vas a comprar o no porque te aparece un título que complica todo. Hay muchos pescadores de río revuelto y una persona en su afán de invertir y tener un techo propio, enfrenta estos problemas. Además, la Justicia no es barata en el país”, dijo.
- FUSIÓN. Se absorben tres instituciones: Catastro, Registros Públicos y DAG para crear el Registro Unificado Nacional, que dependerá de la Corte Suprema de Justicia.
- DNIT. Será la encargada de establecer los valores fiscales para la determinación del impuesto inmobiliario. Se deberá modificar la Ley Orgánica Municipal.
- PROCEDIMIENTO ÚNICO. Los proyectistas afirman que se reducirá la burocracia en los trámites catastrales, ya que se simplifican los trámites.
