Hoy por hoy, pasaron tres décadas sin poder participar plenamente de las elecciones, pese a que se haya garantizado su participación política y otros.
Hay contados casos donde pudieron alcanzar la representación en gobiernos municipales, especialmente en distritos del Chaco. Pero, hasta hoy en día, no han tenido representación en gobiernos departamentales y muchos menos en el Congreso.
En el año 2000 conformaron un movimiento y en 2018 su primer partido político, que estuvo liderado por el arquitecto Gerónimo Ayala, del pueblo Mbya Guaraní, quien postuló a la Cámara de Senadores por el Movimiento Político Indígena Plurinacional (MPIP), pero no consiguió la cantidad de votos necesarios para ingresar al Congreso Nacional.
Pudo haber sido el primer legislador indígena en la historia paraguaya.
En los varios intentos de participación efectiva, los indígenas han tenido que afrontar además la nula o escasa representación como ahora, para los comicios generales del próximo 30 de abril, donde 9.129 candidatos oficializaron sus postulaciones, de los cuales solamente 19 son indígenas, a cargos del Senado, Diputados y juntas departamentales, lo que equivale al 0,2% del total.
Días pasados estuvieron presentes en el primer conversatorio de candidatos de pueblo indígenas y presentaron sus propuestas. Hablaron sobre el proyecto de ley de escaños reservados, que ya tiene entrada en la Cámara Alta y apunta a conseguir seis bancas exclusivas, para dos senadores y cuatro diputados.
Este sería el otro paso que la población originaria tiene que dar hacia la ansiada representación parlamentaria.
De acuerdo con las investigaciones académicas que realizó la politóloga paraguaya Sara Mabel Villalba, experta en el tema, sería un mecanismo efectivo, principalmente, para estimular la movilización política y la formación de partidos del sector.
Los indígenas actualmente son una minoría todavía discriminada y marginada fuertemente a nivel nacional y en la región, pese a ser minoritarios, han conseguido representación a través de escaños reservados en países como Bolivia, Colombia o Venezuela.
Más allá de que cuenten con sus propias costumbres y religión, son ciudadanos paraguayos que viven conforme a las leyes nacionales y que electoralmente no solo son caudales de votos, como han sido vistos desde siempre por los partidos tradicionales, la ANR o el PLRA, y que son prácticas que van contra su dignidad como personas.
Se trata de habitantes ancestrales, desde antes de que Paraguay fuera República, y que necesitan tener sus propios representantes en el Congreso Nacional, para seguir luchando por sus derechos, pisoteados durante años, y para promover sus propias leyes, de acuerdo con sus necesidades y culturas.
