No pasó mucho tiempo desde que Pedro Ovelar, representante legal del ex presidente Horacio Cartes, afirmó que la prensa deberá “rendir cuentas” por supuestas filtraciones. Alegó, en su momento, que los dos periódicos más importantes del país son responsables de generar la información y que la Seprelad citó en su informe publicaciones enteras de estos medios. Por eso, en sus palabras, los periodistas serían citados por la Fiscalía.
Sin detenernos a pensar en el acceso a datos públicos es prácticamente nulo, que la respuesta a una consulta pública puede demorar meses, en el mejor de los casos, y años en muchos otros. Que los datos son inexactos y muchas veces insuficientes, que probablemente esa es una de las razones por las cuales las fuentes son notas periodísticas. ¿Qué es lo que el abogado quiso decir? ¿Acaso el abogado está implicando que no deberían informar?
Hace pocas semanas la compañera Susana Oviedo escribía en esta misma sección sobre el caso del médico forense, Carlos Martín Alfaro, quien se desempeña en Alto Paraná. Poco después de exponer las condiciones laborales precarias en las que desempeñaba sus funciones, recibió un sumario administrativo por el Ministerio Público. De más está decir que sin elementos de estudios forenses básicos no es posible tener resultados exactos. Casi como si no se quisiera tenerlos. ¿Qué es lo que sumarian? ¿El reclamo de condiciones mínimas para trabajar? ¿De eso no se habla, entonces?
En el año 2021, miles de personas salieron a las calles a manifestarse mientras el Ministerio de Salud informaba diariamente decenas de muertes. Muchas de ellas, completamente evitables con la infraestructura adecuada para la cual el Gobierno Nacional realizó un préstamo de 1.600 millones de guaraníes. Luego de la quema de Colorado Róga, en un contexto de turba en el que cientos ingresaron. El Ministerio Público logró identificar a cinco manifestantes.
Curiosamente, varios de ellos con algún tipo de relevancia en distintas luchas por los derechos humanos. Uno de ellos es una referente estudiantil, otro de su gremio y uno más es militante del partido de oposición más importante. Solo ellos cinco fueron judicializados y no se buscó identificar a ningún otro participante. ¿Persiguen por protestar, acaso?
Y como estos son varios los casos en los que los sumarios fueron abiertos. Periodistas fueron citados a declarar por cumplir con su trabajo, estudiantes fueron criminalizados por protestar o campesinos presos por reclamar sus derechos.
Estas mordazas institucionales revelan una alarmante tendencia hacia la represión de la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pacífica en nuestro país. Cabe recordar que son derechos fundamentales de los ciudadanos, garantizados en la Constitución Nacional, y que acallar socava los cimientos de una sociedad democrática y plural, donde la diversidad de opiniones y la crítica constructiva son esenciales para un funcionamiento equitativo y transparente del Estado.
En lugar de silenciar las voces disidentes, las autoridades deberían promover un diálogo abierto y respetuoso, así como garantizar la protección de los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos. ¿No sería mejor, pienso, que las autoridades exijan el cumplimiento de los deberes de las instituciones? De yapa, se ahorrarían papeles en estos trámites y podrían disminuir su huella de carbono.
