Según un estudio del Observatorio Educativo Ciudadano, basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2019, en el Paraguay, 338.500 personas, el 6,7%, de 15 años o más son analfabetas; dato que contrasta con el de hace cinco años, cuando la cifra de personas que no sabían leer y escribir era de 4,4%.
Pero este no es el único dato preocupante. De acuerdo con los informes del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos para el Desarrollo (Pisa-D), 7 de cada 10 estudiantes paraguayos no comprenden lo que leen. Esto se manifiesta especialmente en las redes sociales, donde además de odio y prejuicios, hay muchos que orgullosos exhiben su ignorancia a plena luz del día.
La corrupción es otra de las epidemias. Y aunque no todos los paraguayos somos corruptos, el centenar que lo es, hace muy difícil la vida al resto.
Comencemos por lo más reciente: justo en el año en que tuvimos que aprender a vivir en modo Covid, en este país con tanta pobreza, con tantas necesidades y con un sistema de salud tan raquítico, hubo intentos de estafa en la compra de insumos; y, por supuesto, estos quedaron impunes, los escándalos terminaron con muy tibias sanciones y echaron por tierra la imagen del capitán Mazzo.
Tenemos una Cámara de Diputados que no solo es una vergüenza, sino que hace gala de la más absoluta impunidad. Muchos de ellos al asumir el cargo ya llegaban con frondosos antecedentes, y una vez posicionados, no hay quién les quite los fueros. ¿La Justicia? Pues no, solo es firme y rigurosa con los pobres.
Más que un virus, la corrupción es un cáncer que llegó a carcomer el tejido social. Por eso terminó filtrándose a gran parte de la sociedad; y por eso existen las coimas, por ejemplo, a los agentes de tránsito o para acelerar algún trámite burocrático. Y claro, por eso hay electores que votan por políticos con frondosos antecedentes.
Esta suerte de normalización de la corrupción hace que pululen en el Estado paraguayo las niñeras de oro, los caseros de oro, los gerentes de escalera y de fotocopias, los planilleros y familias enteras recibiendo salarios públicos y viviendo de nuestros impuestos. El problema no son los funcionarios públicos, el problema son los contratados sin tener otro mérito que el carnet de la ANR, la foto con el candidato o el pariente que le da la recomendación.
Finalmente –pero no por eso menos importante–, hablemos de la epidemia de la violencia. Y aunque la pobreza y la desigualdad también pueden ser consideradas formas de violencia, nos referiremos a un tipo de violencia muy explícita.
Prácticamente no pasa una semana sin que los medios de comunicación reporten un nuevo caso de feminicidio. De acuerdo con los datos del Observatorio de la Mujer, en lo que va en el 2020 ya hubo un total de 34 feminicidios, que a su vez dejaron huérfanos a 47 niños.
Y hablando de niños, como señalan desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, el Ministerio Publico recibió por día casi 10 denuncias de abuso sexual en niñas y niños de entre 0 y 13 años, en el 2019; y con respecto al 2020 apuntan a que esta violencia aumentó durante la pandemia del Covid-19, como consecuencia del aislamiento social. “El abuso sexual en niñas y niños en el país tiene proporciones de una epidemia, con fuertes características endémicas, dado que es naturalizado por la sociedad; y los servicios públicos no tienen la capacidad de prevención y protección integral”, sostiene la CDIA.
Como se ve, este Paraguay del siglo XXI es en realidad un país atrasado, que sufre por la corrupción, la violencia y la insensibilidad de su clase política.
