Después de una década de endeudamiento, los objetivos iniciales parecen no haberse cumplido, y no existen evaluaciones rigurosas que demuestren la eficiencia o el impacto de los recursos provenientes de los bonos soberanos. Por otro lado, las consecuencias del endeudamiento ya son evidentes: la necesidad de adquirir más deuda para cubrir la deuda existente y la reducción de las inversiones que el país requiere para garantizar la sostenibilidad del crecimiento y una trayectoria hacia el desarrollo.
El crecimiento del producto interno bruto (PIB) entre 2014 y 2024 fue del 2,9% y no logró ser menos volátil o más resiliente. Se mantuvo la escasa diversificación de la estructura productiva. No se crearon los empleos prometidos, tampoco se mejoró la calidad, mucho menos en el ámbito de la construcción, principal sector beneficiado. La informalidad en este sector es del 87,5% frente al 62,1% promedio a nivel nacional.
Estos riesgos se habían alertado, pero las autoridades fiscales de ese momento y las de las gestiones siguientes los minimizaron. La ineficiencia de la gestión pública, sumada a la corrupción público-privada limitaron los resultados tan auspiciosos que se proyectaban.
Los beneficios generados no se redistribuyeron, ya que en ese mismo periodo los ingresos laborales cayeron en términos reales por el efecto de la inflación.
Una reciente encuesta da cuenta de la percepción ciudadana sobre diversos temas, resaltando justamente el tema económico y dentro de este, el del empleo, siendo el principal problema que preocupa. Esta percepción es coherente con la persistencia de los históricos problemas que afectan a la población. Ni el crecimiento económico de los últimos 15 años ni las inversiones públicas realizadas fueron capaces de cambiar las condiciones laborales en un país cuyas autoridades ensalzan cada vez que pueden el valor del trabajo.
Sin inversiones en capital humano e infraestructura será difícil realizar las transformaciones que requiere nuestro país para que vivir en Paraguay no sea un castigo y quienes puedan migrar lo hagan, como también lo demuestran los censos.
Un país necesita un plan de inversiones por varias razones, por lo que no contar con un plan que dé cuenta de la mirada estratégica y de largo plazo de las autoridades es una señal de poco compromiso con el desarrollo.
Un plan bien estructurado proporciona previsibilidad y estabilidad, atrayendo inversores nacionales e internacionales y fomentando un entorno favorable para el crecimiento económico. Es un requisito indispensable para alinear las inversiones con los objetivos de desarrollo sostenible, asegurando que las necesidades actuales no comprometan los recursos y oportunidades de las futuras generaciones.
Un plan facilita la construcción de infraestructura crítica, como transporte, energía y servicios públicos, que son esenciales para el desarrollo económico, la reducción de las desigualdades, las mejoras en la calidad de vida de la ciudadanía y el aumento de la competitividad.
Como ya se ha podido comprobar, los objetivos iniciales del endeudamiento no se cumplieron, ni se dispone de evaluaciones que demuestren la eficiencia o el impacto de los recursos provenientes de los bonos soberanos. Es un círculo vicioso: La necesidad de más deuda para pagar la deuda y la consecuencia de reducir las inversiones que requiere el país para garantizar la sostenibilidad del crecimiento y una trayectoria hacia el desarrollo.
Ante los riesgos de la crisis climática y otras emergencias, al contar con un plan, un país puede ser más resiliente frente a las crisis económicas, proporcionando una hoja de ruta para la recuperación y adaptándose a cambios en el entorno global.
En definitiva, un plan de inversiones a largo plazo es fundamental para garantizar un crecimiento sostenible, competitivo y equitativo, lo que se traduce en mejores condiciones de vida para la población y mayor estabilidad económica.
