La pandemia y la guerra con Ucrania solo son dos hitos que terminaron por demostrarnos que una economía basada en la producción y exportación de productos primarios y con escaso valor agregado no es un modelo que contribuye al desarrollo de un país.
Esto se sabe desde los clásicos de la economía como Adam Smith y David Ricardo, quienes dieron los primeros elementos para analizar los problemas económicos y sus posibles soluciones y, más tarde, las sucesivas crisis económicas dieron lugar a políticas algunas exitosas y otras fracasadas, pero todas con lecciones aprendidas.
Hoy, aunque nos enfrentamos a situaciones diferentes y múltiples crisis –económica, sanitaria, climática–, los desafíos y las aspiraciones siguen siendo las mismas: lograr que el crecimiento se traduzca en oportunidades económicas para las personas y familias y financiar los servicios públicos que se requieren para impulsar el bienestar y paz social y la productividad sistémica.
Cualquier teoría económica y experiencia exitosa de desarrollo muestra que la diversificación productiva y la industrialización son caminos necesarios para iniciar una trayectoria hacia el desarrollo. Esta transición tiene cimientos que también son irrefutables, como el aumento del capital humano y la oferta de servicios públicos eficientes y de calidad.
Aspirar a estas condiciones básicas e iniciales nos obliga a profundizar la discusión, lo cual tampoco es complejo ya que tenemos algún camino andado en estos objetivos, existen organismos del Estado con competencia y recursos y no debería haber niveles de disenso importantes.
Por ejemplo, impulsar cadenas productivas alimentarias que ya están en funcionamiento pero con capacidad instalada ociosa por la falta de insumos. En este caso particular, hay políticas y recursos dirigidos a la agricultura familiar que deberían impulsar la producción de alimentos tanto como bienes finales para las familias como para la industria. De esta manera se generan empleos e ingresos tanto en las fincas campesinas como en la industria y aumentan la oferta exportadora y el valor agregado.
El sector público, en este caso en particular, debe integrar sus esfuerzos para aumentar las capacidades y competencias en toda la cadena ofreciendo servicios de extensión agraria, asistencia técnica en estándares de calidad y buenas prácticas, mejorar la infraestructura vial de todo tiempo y reducir las fallas de mercado derivadas de las asimetrías de información y de la existencia de mercados imperfectos.
Para lograr estos objetivos cuenta con los medios necesarios, lo que se requiere es tener claros los objetivos y hacia allí direccionar el esfuerzo de coordinación e integración.
Una medida como esta no tiene oponentes, de hecho, varios préstamos internacionales se han gestionado para este objetivo cuyos resultados han sido escasos.
La ausencia de un interés real en una gestión eficiente y de calidad es el obstáculo. Por lo tanto, empecemos a dialogar sobre los cambios que requiere el crecimiento económico en aquellos aspectos donde hay acuerdos y necesitemos impulsar reformas que no implican conflictos sino solo compromiso gubernamental.
El modelo de crecimiento actual está agotado y nos enfrentamos ante un escenario de retrocesos de los avances logrados en el bienestar, muchos de ellos magros y débiles.
No podemos permitirnos pasos atrás. Hay responsables en el Gobierno que deben empezar a plantear a la ciudadanía nuevas trayectorias económicas.